A principios de 2011 las cámaras agrarias provinciales pasaron a mejor vida. La Junta y las organizaciones profesionales agrarias (Opas) abrieron una negociación para definir el destino de un interesante patrimonio. El deseo de las Opas era que pasaran a sus manos. Ahora los bienes inmuebles y muebles de las cámaras pasan a ser de titularidad del Ejecutivo regional, aunque éste dice que los cederá. Las Opas no están de acuerdo.
Las cámaras provinciales eran una entidad de derecho público pero sin utilidad, herederas de las hermandades sindicales de labradores y ganaderos surgidas tras la Guerra Civil. La ley aprobada por la Asamblea el 24 de febrero de 2011 certificó su desaparición. En marzo de ese año se constituyó una comisión liquidadora integrada por representantes de las organizaciones agrarias y de varias Consejerías.
La comisión ha elaborado una propuesta que contempla la cesión de bienes a favor de las organizaciones agrarias, pero la titularidad es de la Junta. «UPA-UCE, Apag, Asaja y COAG mantenemos que así no debe acabar este proceso. Nos dicen que la ley de creación de órganos consultivos agrarios impide que la titularidad de las cámaras vaya a las Opas para beneficio de los agricultores y ganaderos así que vamos a pedir a los partidos que la cambien», dice Ignacio Huertas, secretario general de UPA.
El inventario de bienes que se integran al patrimonio regional lo forman las instalaciones de las cámaras de Badajoz (con siete plazas de garajes y un almacén en el caso de la primera) y Cáceres y las naves del polígono Cepansa en Mérida, algunas utilizadas por las organizaciones. Su valor supera los 4 millones de euros. Las Opas plantean les llegue que esa cifra para mantener servicios o que reciban la propiedad de los inmuebles para su venta condicionada a fines agrarios bajo la tutela de la Junta.
Fuente: hoy.es
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