AGRO 2.0 ESPAÑA El olivar andaluz puede perder más de 500 miilones con la reforma de la PAC

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Coag Andalucía, ha puesto en marcha una campaña para concienciar a los ayuntamientos andaluces de lo que puede suponer la aplicación de la propuesta de reforma de la PAC para el periodo 2014-2020. En las últimas semanas, esta organización agraria ha enviado más de 400 cartas a los ayuntamientos de los municipios donde el olivar es la principal actividad agraria, incluyendo una Moción, para su aprobación en Pleno, sobre la importancia del cultivo en cada uno de esos municipios (superficie, nº de explotaciones, jornales…) y las consecuencias que tendría la aplicación de la propuesta de pagos directos presentada por la Comisión.

El documento que en estos momentos se debate en las distintas Instituciones Comunitarias para el periodo 2014-2020 plantea un pago uniforme por hectárea para 2019, aunque su aplicación se iniciaría el 1 de enero de 2014. En caso de aplicarse con carácter estatal, los productores podrían pasar a recibir en torno a 100 €/ha de pago básico, a los que se podrían sumar otros 60 €/ha con el cumplimiento de una serie de requisitos de carácter medioambiental, el denominado “pago verde”. Si se aplica una tasa plana estatal, el sector del olivar en Andalucía sufriría unas pérdidas superiores a 500 millones de euros anuales, el 70% de las ayudas que viene recibiendo en la actualidad. En las cartas enviadas por Coag se especifica el importe total recibido por los olivareros del municipio, el pago único medio y las pérdidas que sufriría el municipio, y se propone la oposición frontal a esta propuesta que conllevaría el desmantelamiento del sector en el municipio y en Andalucía, y solicitar al MAGRAMA y a la Consejería la protección del olivar andaluz. También se pide a los municipios que insten a la modificación de la actual propuesta de pagos directos, para que contemple una redistribución más justa de los apoyos comunitarios, vinculando las ayudas al agricultor activo y al territorio donde desarrolla su actividad, a través de una diferenciación de los pagos para los distintos cultivos y sistemas de explotación. La propuesta de la Comisión presenta una ruptura con el sistema de apoyos actual, ignorando la realidad productiva de los distintos territorios, sin distinción de la orientación agraria ni la obligación de realizar una actividad productiva mínima, con consecuencias económicas, sociales, culturales y medioambientales de gran calado para nuestra región.

Fuente: agroinformacion