AGRO 2.0 ESPAÑA: El MAGRAMA sancionará los desequilibrios de la cadena alimentaria

El Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, analizado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, pone el foco sobre la regulación de los contratos alimentarios y el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles para reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor. Asimismo, crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), con potestad sancionadora.

En relación con los contratos alimentarios, la novedad más significativa es el establecimiento de la obligación de formalizarlos por escrito en determinadas casos, dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio. También se establece la obligación de incorporar expresamente en estos contratos escritos los elementos esenciales de los mismos. Además, se exige que cualquier modificación de las condiciones contractuales se realice por mutuo acuerdo o conforme a lo expresamente pactado en el contrato sin que pueda tener efecto retroactivo.

En este sentido, el Anteproyecto regula los pagos comerciales, prohibiendo su exigencia cuando no estén pactados e incluidos expresamente en el contrato escrito, así como las contraprestaciones a las que dichos pagos estén asociados, lo que se extiende también a las actividades de promoción. Por otro lado, en relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a otro operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Finalmente, se incluye un precepto sobre gestión de marcas que prohíbe el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador.

Nuevo sistema de control dependiente del MAGRAMA

En cuanto a la autorregulación de las relaciones comerciales, el anteproyecto se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, cuya adhesión es voluntaria por parte de los operadores de la cadena., Además, se prevé la posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, impulsados por otras administraciones públicas o por los propios operadores de la cadena.

En cuanto al sistema de control, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, órgano colegiado adscrito al MAGRAMA, que sustituye al Observatorio de precios de los alimentos, y se establece un control administrativo por parte del Ministerio con potestad sancionadora. Con carácter general, las funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria serán el seguimiento, asesoramiento, consulta, información y estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios de los alimentos. Por último, se regulan los laboratorios alimentarios para el control oficial y se establecen las tasas que podrán cobrar por la prestación de sus servicios los Laboratorios alimentarios del MAGRAMA.

La patronal de supermercados pide cambios y mejoras en el Anteproyecto

Desde ACES, la patronal más representativa en el ámbito de cadenas de supermercados, integrada por el Grupo Carrefour, DIA, Sabeco, Grupo El Corte Inglés, Grupo Eroski y Lidl Supermercados, se considera necesario introducir cambios y mejoras en el texto del Anteproyecto, si bien se reserva una valoración definitiva hasta conocer el texto concreto elaborado por el Gobierno. No obstante, afirma la patronal, "entendemos que son las reglas de funcionamiento del mercado las que pueden conseguir la mejor asignación de recursos y que cualquier intervención en la libertad de los agentes económicos, debe ser muy justificada, proporcionada y no discriminatoria". Y añade que "La burocratización de las relaciones mercantiles puede restar competitividad a muchos operadores, incluidas las cooperativas y las pymes agroalimentarias".

Por su parte, FIAB ha acogido de forma positiva el contenido del Anteproyecto de Ley y considera que esta nueva ley permitirá crear valor y seguridad jurídica en el sector, al tiempo que beneficiará al consumidor. FIAB señala que para la industria alimentaria, el texto final de la ley debe garantizar la confidencialidad de los denunciantes, de tal manera que las organizaciones del sector puedan advertir de infracciones en nombre de sus representados para evitar potenciales represalias, y recuerda que en el origen de esta nueva ley está el reconocimiento por parte de las instituciones europeas de una realidad de prácticas abusivas y anticompetitivas que actualmente distorsionan el funcionamiento eficiente de la cadena alimentaria y no sólo ponen en peligro su sostenibilidad económica, sino que son perjudiciales tanto como para los operadores como para el consumidor.

Fuente: alimarket.es