El Consejo de Ministros ha estudiado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
La normativa también contempla la creación del Consejo Agrario con el objetivo de potenciar la interlocución con el sector y garantizar la participación de los agricultores en los asuntos públicos y en las políticas agroalimentarias. La primera consulta directa y simultánea tendrá lugar el próximo año.
Esta nueva normativa deroga la Ley, hasta ahora vigente en esta materia, que no permitía obtener datos fiables sobre la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.
El anteproyecto establece la realización de una consulta nacional para determinar las organizaciones profesionales agrarias. Estará precedida por la elaboración, por parte del Ministerio, de un censo que incluirá a las personas físicas y jurídicas que acrediten su actividad agraria.
Para acceder a ese censo se contemplan tres vías: por afiliación a la Seguridad Social por actividades empresariales agrarias, por la obtención de ayudas agrícolas de la Unión Europa superiores a una determinada cantidad, y por la declaración de rentas agrarias iguales o superiores al 25% de la renta total. Para la elaboración del censo se contará con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
La consulta se celebrará cada cinco años y servirá para determinar la composición del Consejo Agrario, que sustituirá al actual Comité Asesor Agrario, y estará compuesto por diez consejeros nombrados por el Ministerio de Agricultura, que ostentará la presidencia del mismo.
Estos nombramientos se harán de acuerdo con las propuestas de las organizaciones profesionales más representativas establecidas según los resultados obtenidos en la consulta. Tal como recoge la Ley, se respetarán criterios de equilibrio en la representación entre mujeres y hombres.
El Consejo Agrario tendrá, entre otras funciones, la de informar sobre los proyectos normativos del Departamento en materia de agricultura y desarrollo rural que sean sometidos a su consideración, así como conocer e informar sobre las medidas de política agrícola común y estatal y sobre la evolución de la situación social y económica del sector agrario, formulando recomendaciones para la adopción de aquellas medidas que se consideren necesarias para la mejora de la calidad de vida del sector agrario.
También formarán parte de sus competencias la presentación de sugerencias sobre las políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de la actividad agraria, especialmente las relativas a la fiscalidad de las explotaciones, los seguros, la legislación laboral, la normativa sobre Seguridad Social y financiación, y la propuesta de políticas que contribuyan a mejorar las condiciones de los profesionales agrarios.
fuente: europapress
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