La Alianza por la Unidad del Campo UPA-Coag ha denunciado que la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León está reconvirtiendo las ayudas de modernización de explotaciones agrarias en préstamos. Según estas oranizaciones, la Administración regional está enviando cartas a los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias, dándoles la posibilidad de que suscriban un préstamo con diferentes entidades bancarias si quieren que se les anticipe la subvención aprobada desde hace más de dos años, para así afrontar las inversiones de mejora de las estructuras productivas. Esto se produce, según la Alianza, al carecer la Consejería de Agricultura y Ganadería de tesorería necesaria para afrontar estos pagos.
UPA-Coag denuncia esta situación y aclara que las condiciones impuestas a estos préstamos del anticipo, que hasta ahora ha sido una subvención directa, "conlleva una comisión de apertura del 3,75 %. Esto implica que aún siendo cero el tipo de interés, los beneficiarios de estas subvenciones directas verán reducidas las aportaciones de la Junta de Castilla y León en un 3,75 %". Se trata, en su opinión, "de un recorte injusto ya que a quien le correspondería pagarlo es a la Consejería de Agricultura por no abonarlo en el periodo correspondiente". Las entidades que anticipan estas ayudas además de cobrar ese porcentaje están exigiendo la domiciliación de la PAC, de seguros agrarios y ganaderos, tarjetas…etc y si en el plazo de nueve meses la Junta no hace el ingreso correspondiente serán los agricultores y ganaderos quienes deban devolver la cantidad prestada. La Alianza UPA-Coag denuncia que esta `imposición´ impide la libertad de operar con las entidades con la que tradicionalmente vienen haciéndolo los profesionales del sector, por eso señalan que "nuestra organización manifestó en el mes de noviembre al director general de Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones el desacuerdo por reconvertir ayudas directas en préstamos, y por no hacerse cargo del coste del 3,75 % que deberán asumir los beneficiarios de forma injusta". En todo caso, finalzia la nota de la Alianza, "es la Consejería de Agricultura la responsable de la demora entre dos y tres años desde que se certificó el pago de las inversiones realizadas".
Fuente: agroinformacion
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