AGRO 2.0 ESPAÑA Competencia propone eliminar las sanciones del anteproyecto de ley de cadena alimentaria

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha recomendado retirar el régimen sancionador del Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y esperar a conocer la norma europea para evitar modificaciones posteriores y el coste para los agentes. Así se ha pronunciado el Consejo de la CNC en su informe dado a conocer, que no es vinculante y en el que considera que el Anteproyecto "generará inseguridad jurídica y una burocratización no necesaria y desproporcionada de las relaciones comerciales entre agentes de la cadena". Asegura que el Anteproyecto tipifica como infracción administrativa determinadas prácticas comerciales que "resultan eficientes y fomentan el dinamismo a lo largo de la cadena de producción". A su juicio, el sistema de infracciones administrativas y de sanciones propuesto generan un elevado riesgo de ruptura de la unidad de mercado, al posibilitar la aplicación incoherente del régimen dependiendo del ámb

En contraposición a las eliminaciones que propone, plantea suprimir "el catálogo de prácticas comerciales que se consideran abusivas en la Ley y, en consecuencia, el régimen sancionador previsto".
También plantea limitar las obligaciones que establece el Anteproyecto a las relaciones comerciales continuadas, que son las que provocan "eventuales desequilibrios".
El Consejo de la CNC propone que se recoja en el código voluntario "la precisión de determinadas prácticas a las que los operadores firmantes se comprometen a no incurrir".
El informe insiste en que las prácticas comerciales abusivas o desleales surgidas del desequilibrio en la relación comercial "ya están prohibidas en el ordenamiento vigente y existen instrumentos jurídicos menos restrictivos de la libertad contractual que el previsto en el Anteproyecto para expulsar de la cadena alimentaria este tipo de conductas, cuya eficacia puede ser adecuado testar".
En este sentido, recomienda que las administraciones públicas sectoriales cuenten con la legitimación activa para ejercer las acciones judiciales para prohibir las prácticas comerciales ilícitas y la facultad de centralizar información para poder denunciar los comportamientos anticompetitivos ante la autoridad de competencia.

Fuente: agroinformacion