El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Joaquín García Bernaldo de Quirós, ha explicado este lunes a la Comisión de Economía del Congreso que sus dudas sobre la Ley de la Cadena Alimentaria propuesta por el Gobierno no se derivan de un "cuestionamiento global" de la norma, sino de la consideración de que las "asimetrías" del sector no se deben a fallos en el mercado.
"Lo que hemos dicho es que para justificar la entrada de una regulación específica hay que detectar el fallo del mercado, y determinadas asimetrías en este sector no son 'per se' un fallo de mercado", ha señalado García Bernaldo de Quirós.
A renglón seguido, ha defendido que la postura de la CNC está "en la misma línea" que la de las autoridades comunitarias de la competencia, que propugnan "aplicar las normas de competencia a todo lo que tenga que ver con el sector agrario y agroalimentario como la mejor forma de mejorar su eficacia".
"Somos perfectamente conscientes de los problemas específicos del sector agrario y ganadero, pero entendemos que la relajación o la exención de normas de competencia no está permitida en el marco comunitario. Habrá que esperar por tanto a las modificaciones futuras de la Política Agrícola Común (PAC). En cualquier caso hay un efecto beneficioso en la aplicación de las normas de competencia para mejorar la eficiencia en la cadena de valor", ha señalado.
POTENCIAR EL PODER NEGOCIADOR
Por ello, en lugar de abogar por una exención de este sector económico de las reglas de competencia que rigen de manera generalizada, la CNC defiende el establecimiento de "mecanismos de potenciación de la posición en el mercado" y del poder de negociación en la oferta.
En este sentido, el objetivo sería que la 'parte débil' del mercado agrícola y ganadero (los productores) fueran "capaces de establecer mecanismos de reequilibrio en el mercado sin necesidad de una fijación artificial de precios".
Asimismo, abogan por el fortalecimiento de la posición negociadora con medidas como la obligación de firmar contratos y de que exista un registro de contratos, o la posibilidad de "legitimación activa en las administraciones públicas para, en aplicación de la Ley de Competencia desleal, promover la acción de la justicia en los tribunales ordinarios"
Fuente: lainformacion
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