La Junta de Andalucía adeuda más de 3,6 millones de euros a 15 ayuntamientos de la provincia de Cádiz, en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES). La deuda se refiere en concreto a presas y embalses cuya titularidad corresponde a la Agencia Andaluza del Agua. Los recibos impagados son del año 2011 –en el que se acumula un importe pendiente cercano a los 1,7 millones- y todo el ejercicio 2012, del que se adeudan casi 2 millones. La magnitud de la deuda "ha justificado" el envío de una carta del presidente de Diputación, José Loaiza, al titular de la Junta de Andalucía, José Griñán y a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo en la que reclamará el abono de sus obligaciones tributarias con los municipios, según ha comunicado el ente provincial en una nota de prensa.
Según señala en su nota la Diputación gaditana, esta carta "es un medio institucional al no fructificar los procedimientos ordinarios incoados por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, organismo de Diputación que tiene encomendada la gestión tributaria por parte de casi todos los ayuntamientos gaditanos". Loaiza, quien compareció en rueda de prensa junto al responsable de Hacienda de Diputación, Juan Antonio Liaño, lamentó que “ayuntamientos con graves problemas para pagar sus nóminas, como Los Barrios, sufran este impago”. A su juicio los perjuicios causados a las haciendas locales contrastan con la vocación “municipalista” que se atribuyen Griñán y Martínez Aguayo. El presidente de Diputación estima que este tipo de situaciones "legitima" la necesidad de una reforma de la administración pública. Pero, mientras no se resuelva el nuevo mapa de las competencias, “la Junta tiene que cumplir sus compromisos y no asfixiar a los municipios”. Loaiza ha valorado, en cambio, la actitud de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –de titularidad estatal- que, sobre los bienes de su competencia, sí ha satisfecho sus obligaciones tributarias con 77 municipios andaluces. La Diputación ejerce esta reclamación no sólo en defensa de los municipios sino como parte actora en este procedimiento: al fin y al cabo asume el cobro del impuesto y, además, los anticipos que se destinan a los Ayuntamientos se calculan sobre una recaudación estimada en la que se incluyen ingresos procedentes de la Junta. Ingresos aún no liquidados y que, de momento, se transforman en dos ejercicios impagados.
fuente: agroinformacion
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