AGRO 2.0 ESPAÑA Biodiversidad en manos privadas

En España, el 60% de los bosques está en fincas privadas y de estos, el 80% conforma algún espacio protegido. Para estimular que estos propietarios custodien la biodiversidad de sus territorios, el último Plan Estratégico para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad (RD 1274/2011) incorporaba el objetivo de «estudiar y regular, si procede, la puesta en marcha de bancos de biodiversidad», también llamados de hábitat. Se busca imitar el ejemplo Estados Unidos y otros países de Europa, esta forma de compensación medioambiental público-privada lleva aplicándose desde hace más de 20 años.

¿En qué consiste realmente un banco de hábitat? ¿Puede esta figura compararse a una reserva natural pero de titularidad privada? ¿Cómo puede realizarse esta implantación en España? Para responder a estas preguntas, el último Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama) reunió en Madrid a algunas de las voces más autorizadas para hablar del tema.

Enrique Alonso, experto en derecho ambiental internacional y miembro permanente del Consejo de Estado, explica que la figura del banco de hábitat es creada por George Bush padre «para dar más fuerza a los poderes regulatorios sobre el sector privado, aplica unas políticas de ‘no pérdida neta’ que comienzan con los humedales. Asegurar que no haya pérdida neta [de biodiversidad] es algo más complejo que la conservación». Antes de esta nueva normativa, se permitía a las empresas que degradaban una zona natural compensar ambientalmente recuperando un terreno en otro lugar del estado. Pero, como indica Alonso «impactar en un sitio y preservar otra parte del territorio comenzó a estar mal visto, no tenía sentido degradar un estero en el sur de California y luego compensarlo salvando un humedal al norte de Maine».

Almacenes de hábitat

Para este experto, «más que bancos, son almacenes de hábitat ya que no es un modelo que implique a las instituciones financieras». La implantación de bancos de hábitat en España tiene, para Alonso, dos problemas: el de determinar «en qué mercados tiene sentido hacerlo» y el de delimitar «dónde empieza y dónde acaba la intervención del Estado. A partir de ahí pueden seguirse distintos modelos, como el alemán, en el que si se urbaniza una cantidad de terreno debe restaurarse esa misma cantidad, o el holandés, que obliga a la tenencia por parte de las empresas de fondos verdes, es decir, de hábitat. En España ahora mismo ni una sola comunidad autónoma hace bien la declaración de impacto ambiental».

De acuerdo con Luis Mariano González, jefe del Área de Conservación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, los objetivos que se persiguen al tratar de incorporar los bancos de hábitat a la legislación española son «restaurar, compensar, incorporar a la iniciativa privada a la protección de la biodiversidad y utilizar instrumentos de mercado para valorizar».
González cree que esta regulación permitiría acometer nuevas acciones de conservación «a perpetuidad del espacio natural» controladas por entidades de garantía ambiental o auditores independientes. También ayudaría a conectar hábitats que ahora mismo se encuentran fragmentados.

Un ejemplo a seguir por los futuros bancos de hábitats está en la custodia del territorio, un concepto incluido en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007 y que desde entonces se aplica en nuestro país. Amaya Sánchez, asistenta técnica para la custodia del territorio de la Fundación Biodiversidad, explica que lo que se pretende es «generar vínculos para conservar la biodiversidad e incluir a nuevos actores en el proceso: propietarios individuales o asociaciones de propietarios» de estos terrenos. Las administraciones han colaborado con organizaciones sin ánimo de lucro para alcanzar pactos con los propietarios y diseñar la estrategia de conservación de sus terrenos.

El FRECT (Foro de Redes y Entidades de Custodia de Territorios) agrupa actualmente a 198 entidades que han llegado a 1.731 acuerdos de custodia con propietarios de terrenos privados, en total, 216.000 hectáreas. En cuanto a las similitudes con los bancos de hábitats, Sánchez señala que ambos conceptos «tienen un origen común. Se trata de trabajar estrechamente con propietarios privados alcanzando pactos voluntarios y consensuados por ambas partes».

Un exitoso predecesor

En Estados Unidos, los mercados de ecosistemas (muy similares en su funcionamiento a los de CO2) han generado ya un importante nicho de mercado. Nathaniel Carroll vio el potencial y lanzó Ecosystem Marketplace, una página web donde «ofrecemos noticias e información sobre mercados de ecosistema». En los ochenta fueron los bancos de humedales, de los que ahora hay más de 800 y en los noventa los bancos de especies, de los que ahora hay unos 115 bancos que asignan «créditos de especie» a los propietarios que logran mantener o aumentar el número de especies protegidas en sus terrenos. El precio medio de estos créditos canjeables por dinero oscila en torno a 30.000 dólares, aunque pueden situarse entre los 4.000 y los 500.000 dólares. Carroll estima el tamaño del mercado de ecosistemas en unos 1.300 millones de dólares anuales.

Entre los beneficios de este sistema, según Carroll, está el facilitar la monitorización ecológica. Entre los riesgos, resolver adecuadamente asuntos como derechos de propiedad, costes de transacción o la percepción negativa que la opinión pública suele tener sobre los mercados, amén de su inestabilidad y el riesgo de bancarrota o catástrofe ecológica. Además de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Australia y Malasia han impulsado el desarrollo de algún tipo de mercado ecológico aplicado a los hábitats.

Medir la biodiversidad en euros

En España «aún nos queda camino hasta vincular bancos de hábitat con mercados financieros», dice el economista Fernando Rodríguez López, de la Universidad de Salamanca. «Existe alguna analogía, pero se queda corta porque hay muchas más diferencias entre los mercados de hábitat y los financieros», ya que, para el mercado de hábitat «los objetivos no son de eficiencia sino de sostenibilidad». «El banco de hábitat requeriría varias métricas», dice este economista, «en función de la sustancia vegetal, ambiental o geológica. Lo ideal sería medirlo en euros, pero este es un problema sin solución técnica ahora mismo».

Adrián Escudero, catedrático de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos y vicepresidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre, cree que la ciencia puede dar respuestas al problema de cómo evaluar económicamente un ecosistema: «En Reino Unido se están haciendo muchos esfuerzos por obtener estas métricas y en Estados Unidos, la Environmental Protection Agency (EPA) está empleando algoritmos para la valoración de activos naturales que incluyen tanto servicios como beneficios».
Un ejemplo pionero en cuanto a custodia del territorio fluvial es el que ha puesto en marcha la Fundación Tormes-EB, junto con la Confederación Hidrográfica del Duero, para «custodiar 40 kilómetros del río Tormes», comenta Raúl de Tapia, de la Fundación Tormes-EB, que espera que en el futuro «se produzca un contagio en los pueblos de la ribera y en otras cuencas en cuanto a iniciativas de custodia.

Generador de empleo verde

La implantación en España de bancos de hábitats puede ser también un generador de empleo verde, como demuestra el biólogo y emprendedor Jordi Pietx, que comenzó a diseñar herramientas técnicas, jurídicas y de participación para poder aplicar estos nuevos conceptos legales. Pietx, que preside el Foro de Redes de Custodia del Territorio, opina que «es fundamental avanzar en estas actuaciones porque en España empezamos a tener un cierto retraso». También sugiere desarrollar una ley de incentivos al mecenazgo ambiental, similar a la que muchos demandan para el mundo de la cultura. «El banco de hábitat vincula la reparación al lugar del daño, por lo que es una oportunidad en cuanto a donación de fincas y de derechos sobre fincas», dice Pietx.

Miquel Camps, vicepresidente del FRECT, añade a las dificultades para la implantación «la falta de financiación privada dedicada a sostenibilidad, antes estaban las Cajas de Ahorro, pero ya ni eso». Además, señala que se ha producido «un incremento de la pérdida neta de biodiversidad en los últimos años y esto genera muchos temores, sería ideal contar con una regulación definida para saber qué terreno pisamos».

Cultivando Sinergias
El proyecto piloto Cultivando Sinergias, impulsado por la asociación ecologista Iaeden, ofrece acuerdos de custodia agraria a propietarios de fincas. Hasta el momento, más de siete fincas de la comarca del Alt Empordà, Girona, se han prestado voluntarias a implantar en sus tierras una agricultura más tradicional, sostenible e incluso que modele mejor el paisaje. Estas fincas han centrado sus actividades en los cultivos ecológicos y la cría ganadera de razas autóctonas como la vaca del Albera.
Baleares también cuenta con muchos proyectos de custodia agraria, desarrollados por el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa y la Fundación Biodiversidad. La decisión de adoptar estos acuerdos es más que conveniente para los propietarios, y no sólo desde el punto de vista ambiental. La Comisión Europea ha avanzado ya que la nueva Política Agraria Común 2014-2020 que están negociando primará, sobre todo, la eficiencia de los cultivos y su mayor sostenibilidad. Como apuntan en la Fundación Biodiversidad, este proyecto pretende fomentar precisamente «sistemas de gestión agraria que puedan acercar los objetivos de viabilidad económica, fundamentales para la supervivencia del sector agrario, con la preservación de los valores ambientales».

Fuente: abc.es