Gómez Sanz subraya el apoyo de la Junta con más de 100 millones a fondo perdido para estas obras y señala que estas subvenciones son contrarias a la ley de estabilidad presupuestaria
La Consejería de Agricultura de la Junta revocará las ayudas comprometidas con 25 comunidades de regantes para el pago de dos puntos de intereses de los préstamos que éstas adquirieron a 25 años para hacer frente a los procesos de modernización de regadíos en sus respectivas zonas. El acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta para la concesión de estos apoyos se produjo el 24 de mayo de 2007, con 30,55 millones comprometidos a 25 años, de los que ya se han pagado 6,21 millones correspondientes a un quinquenio, por lo que se dejarían sin efecto otros 24,33 pendientes para 20 años ante la falta de disposición presupuestaria por la crisis. El compromiso con estas comunidades, que aglutinan a 25.904 regantes, con una superficie de 68.654 hectáreas, fue adoptado por el entonces consejero de Agricultura y en la actualidad presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), José Valín.
El director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Junta, Jesús María Gómez Sanz, explicó que durante los años con consignación presupuestaria suficiente «se han ido abonando los pagos», y este 2012 será el primero en que no se van a sufragar, porque con la crisis económica han tenido que tomar una serie de decisiones y han determinado «rescindir esa subvención directa». Asimismo, expuso que con la ley de estabilidad presupuestaria «en la mano y todas las reformas legislativas posteriores no se puede sostener el compromiso de una ayuda durante 25 años». «Se trata de una ayuda atípica, no hay ninguna ayuda que se conceda a 25 años, es extraña», dijo.
Gómez Sanz destacó también que la Junta invirtió en la modernización de los regadíos de esas 25 zonas más de 100 millones (el 20 por ciento del coste total), lo que supone la aportación más importante a fondo perdido, ya que estas obras se financiaron a cuatro patas, con otro 19 por ciento procedente de fondos Feder de la UE, un 24 por ciento de los regantes a devolver a 25 años, y un 36,2 por ciento que adelantó la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), a retornar también por parte de las comunidades a otros 25 años tras el periodo de abono de su préstamo.
«Ya ha habido una aportación muy importante de la Junta para impulsar esa modernización», reiteró el director general, quien remarcó que «de hecho, las nuevas actuaciones no llevan aparejada esta subvención, porque el esfuerzo que ya se realiza para la obra es suficientemente importante para que no se necesite un apoyo superior».
En este contexto, Jesús María Gómez Sanz explicó que mantuvo un encuentro con los responsables de Ferduero, asociación que agrupa a las comunidades de regantes, y les planteó como alternativa a la revocación definitiva de la subvención, la posibilidad de suspender hasta 2016 esos apoyos a través de una adenda a los convenios suscritos, para retomarlos ese año a través del análisis de la situación económica y escrutando «las posibilidades reales de poder seguir abonando la ayuda». Esta alternativa fue rechazada por los regantes, por lo que ante la falta de partidas presupuestarias para poder afrontar esos pagos, explicó, deben revocar las ayudas, algo a lo que les obliga la ley de subvenciones. «Los regantes podrían retomar nuestra propuesta pero en esta coyuntura de rechazo estamos realizando todo el trámite administrativo para revocar esa subvención por 25 años, porque con la nueva normativa alrededor de la ley de estabilidad presupuestaria, consagrada incluso en una reforma constitucional, la Administración pública, no puede adquirir compromisos más allá de lo que presupuestariamente cabe cada año. No podemos mantener un acuerdo que compromete a la Hacienda Pública de Castilla y León durante otros 20 años», resumió.
«No son los únicos». El director general de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural asumió que «tomar estas decisiones es doloroso, porque supone dejar de cumplir un compromiso adquirido en 2007, pero la realidad es que nos ha tocado también con otros colectivos, como el remolachero». «No son los únicos», dijo.
La Junta distingue en dos bloques las comunidades beneficiarias, porque tres de ellas (Cabecera de Riaza, Margen Izquierda del Porma y Canal del Páramo) ya incluían en los convenios que firmaron entre 2005 y 2006, con la Consejería y Seiasa, para la modernización de sus zonas, una cláusula relativa a las condiciones de la subvención directa para el pago de los dos puntos de intereses, que se aprobó el 24 de mayo de 2007. Sin embargo, las otras 22, no contemplaban en sus convenios esa cláusula, por lo que fue necesario formalizar un acuerdo específico con la consejería, que se suscribió el 25 de junio de 2007.
Fuente: diariodeburgos.es
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