Los agricultores afectados por la reclasificación de suelos aprobada en el PGOU -implica el paso de las fincas de rústicas a urbanas o urbanizables- agotarán todas las vías legales a su alcance para que las 1.800 fincas «regresen a su calificación inicial» y evitar así las repercusiones económicas negativas que el cambio generará en sus propietarios. Así lo decidió ayer la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Villagodio cuyo presidente, Raúl Hernández, matiza que «hay más zonas afectadas que ésta», dice, en referencia a otras áreas implicadas como Carrascal, Guimaré y la carretera de Cubillos. Sin embargo, la posibilidad de modificar el PGOU para dar marcha atrás a estas calificaciones no entra en los planes del equipo de Gobierno, ya que «está fuera de lugar», zanjó ayer el concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández, tras la comisión del área.
La repercusión más inmediata del cambio de calificación es el incremento del IBI a consecuencia del aumento de los valores de las fincas que, en algunos casos, «supera el 3.000% más», valoran los agricultores. Ante esta situación, PSOE e IU han pedido que se apliquen bonificaciones de hasta el 90% con arreglo al articulado de la Ley de Haciendas Locales, una propuesta que IU presentará hoy en el pleno en forma de moción, según anunció su concejal Miguel Ángel Viñas, para quien «las consecuencias de un inadecuado PGOU ya se están viendo». Sin embargo, las diferencias de criterio entre los técnicos dejan en el aire estas reducciones en el impuesto, una decisión que el equipo de Gobierno podría presentar hoy en Junta de Portavoces minutos antes del pleno.
A pesar de los intentos municipales por conceder bonificaciones, los afectados insisten en que la reducción del IBI «no es la solución, ya que la recalificación afecta a muchos más aspectos que a éste», apuntan desde la plataforma de Villagodio. Entre estas secuelas se encuentran «la repercusión impositiva en futuras transmisiones patrimoniales, que las fincas no tengan el derecho a percibir ayudas de la PAC u otras acopladas por cultivos, o que no recibamos inversiones en la modernización de regadíos de las más de 180 hectáreas reclasificadas», enumeran los agricultores.
La comisión de Urbanismo de ayer sirvió también para que el equipo de Gobierno perserverara en su intención de llevar la deuda de Roales a los juzgados «en unos días», ya que la vía de la negociación «ya está agotada», plantea Fernández.
Los socialistas exigieron sin éxito medidas para mejorar la isla de las Pallas y arrancaron al equipo de Gobierno el compromiso de «buscar una alternativa al vertedero para cuando se colmate», sin dejar de insistir sobre la necesidad de que el impacto de la obra del AVE en Valorio «sea el mínimo». Por su parte, Miguel Ángel Mateos (Adeiza) expuso «la necesidad de adecentar la obra de Tomás Crespo, en el parque Silva Muñoz, agredida por la humedad», y pidió un arreglo de la fuente de La Marina, «estropeada todo el año.
Fuente: laopiniondezamora
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