El control de la cadena alimentaria y el conseguir una adecuada retribución por parte de los agricultores y ganaderos, son quizás los dos principales retos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, al menos en política nacional. Por supuesto, negociar una reforma de la Política Agraria Comunitaria ajustada a las necesidades, problemas y oportunidades de nuestro sector, sería el gran objetivo en política agraria exterior.
Para conseguir estos dos objetivos internos, se han presentado dos anteproyectos de ley estrechamente relacionados: la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa. En el primero de ellos se aporta un marco jurídico que debería facilitar la aplicación de buenas prácticas entre los diferentes eslabones de la cadena. Pero no es más que eso, que no es poco. Al final deben ser las partes, industria y distribución fundamentalmente, quienes tengan una voluntad clara, no solo de participar como hasta ahora, sino de poner en marcha iniciativas específicas y políticas comerciales que respondan a esta supuesta disposición.
De los tres escalones fundamentales, producción, industria y distribución, ésta última parece la menos satisfecha. Hay que tener en cuenta que la conforman muy pocas empresas que, sin necesidad de adoptar acuerdos oligopólicos, pueden mantener un cierto control y cohesión en las estrategias de venta al consumidor final ¿Qué ganan con asumir acuerdos que de alguna manera les pone en el punto de mira de una estrategia global? La industria, mucho más numerosa, sí podría salir más beneficiada, ya que, entre otras consecuencias, vería relajada la presión de la distribución. De ahí su satisfacción con este acuerdo. Pero paradojas, se congratulan por algunos aspectos, como por ejemplo el de reducir su indefensión en los contratos de compra-venta con la distribución, mientras que, hacia abajo, en los contratos entre industria y producción, la situación es muy similar en cuanto al desabrigo de los productores. La producción debería ser la más beneficiada de este acuerdo, ya que el fin último del mismo es conseguir que puedan vender sus productos a unos precios suficientes para garantizar la viabilidad de su empresa agraria. La cuestión es, ¿basta con esta Ley para conseguir este objetivo?
Al margen de la natural defensa que cada escalón hace de sus intereses, se pueden plantear tres dudas, que en ningún caso deben quitar valor a esta necesaria estrategia. El primero es si esta futura Ley, por sí misma, va a conseguir estos precios deseados para los agricultores y ganaderos. Mientras que no se produzca una fuerte concentración de la oferta, los productores no van a ser competitivos, por lo que seguirán estando sujetos a la presión de la producción de otros estados de la UE y seguirán teniendo poca fuerza a la hora de negociar con industria o distribución. En este sentido, la segunda Ley arriba mencionada relativa a la integración cooperativa, puede ser una buena herramienta para lograr este fin. De todos modos, tampoco es suficiente, es necesaria la voluntad clara de agricultores y ganaderos y de las propias cooperativas, muchas de las cuales perderían su identidad y su estructura. En segundo lugar, si se fuerza la subida de precios en origen, cabe la posibilidad de que parte de los mismos se repercuta en el precio en destino, quizás no ahora, dada la política de la distribución de ajustar precios, pero sí cuando la economía repunte. En tercer lugar, en Bruselas también se está trabajando para regular la cadena alimentaria. Hasta ahora ha funcionado un grupo de alto nivel, pero la realidad es que los resultados están siendo decepcionantes y la Comisión ya ha anunciado que, en caso de que no se produzcan avances, tendrá que regular de forma directa. El Anteproyecto de Ley español, por delante de la estrategia comunitaria, está planteado para poder incorporar normas europeas de obligado cumplimiento; pero aun así, genera un cierto grado de incertidumbre. A pesar de todo y dados los ritmos comunitarios, hace bien el gobierno español en marcar sus propios tiempos.
fuente: hoy.es
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