La sociedad civil exigió esta prohibición por los altos daños que los agro-tóxicos ocasionan a la salud de las personas y al ambiente, en particular ante los numerosos casos de muertes por insuficiencia renal, en varias partes del país, dice un comunicado del Movimiento de Víctimas, Afectadas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones MOVIAC del pasado día 16 de octubre.
Ante esta realidad, sin embargo, MOVIAC alertó que “las organizaciones que se benefician económicamente de la venta y uso de esos tóxicos han reaccionado rabiosamente, manifestando que no existen pruebas sobre su impacto en las enfermedades renales crónicas y que esa prohibición va a agravar la situación alimentaria del país”.
Martín Zúñiga, director regional de CropLife para Centroamérica y el Caribe, organización gremial internacional que representa a la industria del campo dijo que, “prohibiciones de esta naturaleza crea falsas esperanzas y llevan mensajes equivocados. Como industria de plaguicidas podemos asegurarle a la comunidad, con toda certeza, que los plaguicidas no tienen una conexión directa con insuficiencia renal crónica”, publicó la Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria (FIAGRO).
Mientras MOVIAC sostiene que, “los pesticidas utilizados en la agricultura han sido hechos para matar, muchos de ellos destruyen el sistema nervioso de los insectos. El problema es que la intoxicación no discrimina a que insectos matar sino que acaba con muchos otros insectos beneficiosos para la agricultura como las abejas, conmultitud de pájaros y con el propio ser humano”.
Carlos Orantes, Coordinador de Investigaciones en Salud Renal del MINSALdel país, en una entrevista de Televisión de El Salvador (TVES) y Radio Nacional, de la que se hicieron eco los medios locales explicó que, “toda la región centroamericana ha reportado en las comunidades agrícolas, este tipo de enfermedad, asociada a estos contaminantes y estos riesgos laborales” sostuvo.
Según Orantes el país vive una epidemia de enfermedades renales, y mencionó que desde la década de 1990, diversas investigaciones realizadas incluso con el apoyo de institutos y universidades de Alemania y Estados Unidos, apuntan a que estas enfermedades están asociadas a un “alto y excesivo consumo de pesticidas” que contienen metales en sus componentes, y a la práctica de la fumigación, sin ningún tipo de protección y bajo altas temperaturas.
Además de tóxicos, MOVIAC refirió que son altamente persistentes, y que por ejemplo,” si un pez pequeño absorbe tóxicos, estos son transferidos a un pez de mayor tamaño cuando se alimenta del pez pequeño y luego los tóxicos terminan en el plato del consumidor, igualmente los tóxicos en la grama se transfieren a la leche de la vaca que se alimenta de esa grama y terminan en el queso que se compra en el supermercado”.
Dos modelos de agricultura
“La prohibición de plaguicidas provocaría pérdidas anuales de $360 millones para la actividad agrícola”, publicó la Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria (FIAGRO), citando palabras de CropLife.
Dejar de utilizar estos agroquímicos implica el riesgo de perder entre el 40 y 60% de las cosechas, y pondría en riesgo a unas 700.000 manzanas de sorgo, maíz, frijol, caña de azúcar y café, asegura CropLife.
Para contrarrestar el uso de estos productos perjudiciales, el Movimiento de Víctimas, Afectadas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones MOVIAC, explica que en la naturaleza existen mecanismos de equilibrio en el que cada insecto tiene su depredador, y que por esta razón todas las plagas pueden ser controladas con métodos orgánicos. Asimismo aseguran, que estos métodos se utilizaban antes que las corporaciones produjeran los tóxicos.
En el marco de la diversidad biológica, también sostienen que los monocultivos no existen en la naturaleza sino que son promovidos por estas “agroindustrias” con el resultado de que favorecen la diseminación de plagas, lo cual demanda a su vez una gran cantidad de estos agroquímicos tóxicos.
“La producción alimentaria debe por lo tanto hacerse en un ambiente con amplia diversidad biológica”.
La industria ve las cosas de manera diferente, y desde su óptica los sustitutos artificiales no están al alcance de la mano pues de los 53 agroquímicos prohibidos, solo algunos tienen sustitutos parciales y estos “no responden de la misma manera”, dice CropLife citado por FIAGRO.
«Dado el clima tropical del país, las lluvias hacen que plagas como los hongos se desarrollen fácilmente. La prohibición no permitiría utilizar productos para atacar estas plagas ni tampoco para tratar malezas. “Por eso, para las prácticas agrícolas y cultivos de El Salvador, esos (productos) son los que funcionan”», acotaron los industriales.
La Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO) se opuso también a esta prohibición y manifestó que “la reforma llevará al sector a la quiebra total”, según informó el diario local La Página.
El presidente salvadoreño Mauricio Funes dentro del procedimiento de aprobación del decreto excluyó a 11 químicos de esa lista aprobada por los legisladores, y ahora la Asamblea Legislativa deberá decidir si acepta esas observaciones o, continúa con su decreto original.
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