Señor director:
Soy agricultor de la zona norte y me quiero referir al estatuto jurídico que la ley minera entrega a los concesionarios mineros. Hago mis descargos en contra de esta ley extraordinaria, especial y de gran poder para quienes la ejercen.
A diario se nos informa sobre las elevadas cifras de inversión en minería y cómo el costo energético aumenta en este sector. Los protagonistas de esta actividad claman por mejores condiciones, pues al parecer no les basta con el enorme poder que nuestra legislación les otorga, entregándoles privilegios exclusivos, como imponer servidumbres en suelos agrícolas y hacerse dueños de las aguas que encuentran con motivo de su actividad. La ley minera está hecha exclusivamente para los mineros, sin resguardar otras actividades. Esta legislación es capaz de transformar un suelo vegetal con potencial agrícola, en otro estéril e infértil, sin más compensación que aquella que determina un juez, aun en contra de la voluntad de su dueño.
¿Puede legítimamente el Estado preferir una actividad económica en desmedro de otra? ¿Qué va a ser de Chile cuando el mineral se agote y como resultado de ello la agricultura se vea imposibilitada de surgir por la carencia de suelos agrícolas y disponibilidad de agua?
Cuántas veces hemos escuchado decir “Chile, potencia agroalimentaria” y, sin embargo, la minería en Chile avanza a costa de suelos fértiles y de potencial agrícola. Así, difícilmente, seremos potencia agroalimentaria.
Hoy, nuestro país, en gran medida se debe al cobre, antes lo fue el salitre, ¿y mañana qué? En otras palabras, este éxito minero actual, ¿no es pan para hoy y hambre para mañana?
Con estos argumentos quiero hacer un llamado para que la ley minera sea revisada, perfeccionada, haciéndola más amigable con otras actividades económicas y, en especial, más condescendiente con la agricultura. ¿De qué sirve una buena superficie de suelo agrícola cuando el subsuelo de ella pertenece a otro con fines mineros? Y muchas veces con otros fines, incluso, no mineros.
Hoy estamos expuestos a perder miles de hectáreas agrícolas de riego por efectos de la ley minera que no hace distinciones y que se impone, al menos en los hechos, en todo nuestro país.
Lorenzo Bauzá Fernández
Fuente: laopinion
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