El Estado apenas ejecutó un 64% de los recursos destinados por instituciones agropecuarias a un programa de mejoramiento del sector, en el periodo 2003-2011, advirtió un informe de la Contraloría General de la República.
La evaluación encontró que en ese periodo se destinaron ¢761.902 millones y que apenas se usaron ¢489.459 millones en acciones de entidades agropecuarias relacionadas con el Plan Agro 2003-2015 para la Agricultura y la Vida Rural en las Américas (Pagro).
La Contraloría evaluó el periodo desde el 1.° de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2011.
También se concluyó que los programas no implicaron el cumplimiento de las metas u objetivos a los cuales se comprometió Costa Rica al adoptar el plan.
La jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, dijo que en su periodo la ejecución presupuestaria está arriba del 97%.
Se quejó, además, de que ella lanzó la política de Estado y de desarrollo agroalimentario 2010-2021 y no se menciona.
Ese plan se acordó en la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en Quebec, Canadá, del 20 al 22 de abril del 2001. Costa Rica se comprometió a cumplir los objetivos de esa iniciativa, destinando recursos y programas para ello.
En general, los mandatarios se comprometieron a fortalecer el sector agropecuario con mejoras en competitividad, seguridad alimentaria, mitigación del cambio climático y mejoramiento de la vida rural en cada país.
Para evaluar el cumplimiento de las metas de ese programa, la Contraloría definió su propio índice, el cual determinó que el desempeño siempre estuvo por debajo del año base (2000). Se tomó ese año, previo al inicio del programa, para compararlo con el desempeño de los indicadores del índice.
El informe también hace un desglose de cada uno de los indicadores para definir si cayeron o subieron. Algunos de ellos, como el porcentaje de participación del valor de la producción agropecuaria en el producto interno bruto (PIB), han variado mucho en el país ante la creciente importancia de sectores nuevos en la economía, como el de servicios.
En el aspecto de competitividad, midió el valor de la producción y las exportaciones; al analizar la seguridad alimentaria, tomó en cuenta el porcentaje que se produce en el país del total de consumo de granos; en el tema de mitigación del cambio climático, midió la importación de agroquímicos, y, en el mejoramiento de la vida rural, el porcentaje de empleo agropecuario, respecto al total.
Debilidades. De acuerdo con las conclusiones de la Contraloría, las acciones realizadas no contribuyeron a los programas vinculados con el mejoramiento de la vida rural, mitigación del cambio climático y seguridad alimentaria.
No obstante, en lo referente a competitividad, se presentó una mejora con respecto al año base que ha contribuido al soporte de la producción agropecuaria nacional. Este aspecto está muy influido por el buen comportamiento de las exportaciones agroalimentarias (incluyen la agroindustria).
Además, los investigadores aseguraron que había falta de información sobre el cumplimiento de las metas del programa, pese a que cada dos años la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa), unidad del MAG, debía rendir un informe.
Asimismo, el estudio encontró la inexistencia de un sistema integrado de información en materia de prevención y gestión de riesgos a escala nacional, ya que la política en esa materia se encuentra en fase de desarrollo, a pesar de que desde el año 2000 se inició el proceso de sistematización de la información sobre desastres naturales.
Fuente: nacion.com
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