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La restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado en Colombia es una medida que además de ser justa, les quita piso y peso político a las Farc y demás grupos guerrilleros, una de cuyas razones principales de ser, o al menos eso dicen, es la estructura de la tenencia de la tierra. La política de restitución hará justicia a quienes fueron corridos a la brava de sus predios, y llevarla a cabo será un paso importantísimo no solo para la tranquilidad nacional, sino para su seguridad alimentaria.

Sin embargo, quien haya visitado los pueblos abandonados en la peor época de la violencia y ahora con población retornada, como algunos de los Montes de María, se habrá dado cuenta de que quienes volvieron en su gran mayoría fueron los adultos, principalmente los mayores. Se ven muy pocos jóvenes, a menos que sean niños de brazos o muy pequeños.

Los jóvenes prefirieron quedarse atrás en los barrios marginales de los centros urbanos, donde a pesar de su pobreza hay energía eléctrica, picós, bares y algunos otros "beneficios" de la modernidad. Retornar a pueblos sin servicios públicos, con calles de tierra y con burros en vez de motos no es atractivo para los jóvenes, la mayoría de los cuales perdió el arraigo por el campo y su vida dura. Ven la actividad agraria esforzada de sus mayores como arcaica, "corroncha" y en general, muy poco atractiva después de conocer la vida urbana, muelle por comparación.

El Gobierno tiene entonces que asegurarse de que todo el Estado llegue a los lugares rurales más apartados con todos sus servicios, porque no basta con devolver la tierra despojada, sino que hay que crear condiciones dignas para vivir y trabajar en la Colombia campesina. El proyecto de Semana en El Salado sería un modelo que se debería replicar, ya que dotó al pueblo de energía, alcantarillado, acueducto, escuelas, centro de salud y vías, entre muchas otras cosas.

Luego está el acompañamiento a los campesinos mediante crédito muy blando y asistencia técnica, y en ese sentido, el Gobierno parece haberse dado cuenta de que el fracaso de la Reforma Agraria de los años 60 se debió en gran parte a que a los campesinos, aunque les fueron asignadas parcelas, los abandonaron a su suerte y a las prácticas ineficientes de las oficinas rurales de la Caja Agraria y de funcionarios del Incora con frecuencia corruptos, que se lucraban de la ignorancia de los parceleros.

En esa época, la asistencia técnica consistía parcialmente en darles créditos para que surtieran las parcelas con ganados, pero por culpa de funcionarios públicos torcidos, los semovientes generalmente eran los que desechaban los ganaderos medianos y grandes por malos, destinados al matadero y nunca debieron ir a la economía campesina. Tales perversidades no pueden repetirse jamás.

La tecnifiacción, concepto esgrimido de cualquier manera, tiene que comenzar por la irrigación, el factor verdaderamente trascendental para un agro eficiente y de producción confiable. Sin agua permanente, no tiene sentido hablar de mejoras genéticas en plantas y semovientes.

Los retos del Gobierno para mejorar la vida de los campesinos, con o sin proceso de paz con las guerrillas, son enormes.

Fuente: ElUniversal

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