Fue la carta de presentación de la última versión de la Fruittrade, a comienzos de octubre. También lo mencionó el Presidente Sebastián Piñera en su discurso del Encuentro Nacional del Agro, Enagro, la semana pasada. La frase se repite una y otra vez, y es parte de lo que le ha permitido al país posicionarse como un proveedor de frutas para el mundo: “Chile es una isla en materia fitosanitaria”.
La condición es una suerte de eslogan para salir al exterior y como un patrimonio nacional que se debe preservar.
La ventaja que representa la situación geográfica de Chile en materia sanitaria, flanqueado al norte por el desierto de Atacama, al oeste por el Océano Pacífico y al este por la Cordillera de los Andes, no es novedad. Se destacaba ya en los libros del naturalista Claudio Gay, a mediados del siglo XIX, y hoy forma parte de la mayoría de los sitios web, folletos y presentaciones de las empresas frutícolas y forestales con que el país se presenta al mundo.
Pero, a pesar de ellas, y de las exigencias y medidas que buscan impedir el ingreso de plagas, no son escasas las que -de diversas formas- traspasan las barreras, instalándose en el país con los consiguientes daños a las producciones locales y con los crecientes costos públicos y privados para controlarlas.
En la actualidad, además, existen condiciones nuevas que aumentan el riesgo de que las plagas traspasen los controles. Esto porque, si bien las barreras naturales y las exigencias humanas siguen existiendo, los escenarios que genera la globalización se traducen en nuevos desafíos para las exigencias de control y de vigilancia que se necesitan para conservar ese distintivo de “isla fitosanitaria”.
Ese nuevo esquema está marcado por tres factores. Uno es el intercambio comercial cada vez mayor de productos agrícolas, en el que Chile es un actor relevante, con más de US$ 14.300 millones en exportaciones del sector silvoagropecuario al cierre del año pasado, y US$ 5.400 millones en importaciones, de acuerdo a los datos de Odepa, eso sin considerar que el país es parte de un corredor bioceánico, es decir, que se transforma en un punto de pasada de camiones cargados con distintos productos rumbo a otros mercados.
A ello se agrega el aumento del turismo, que a agosto de este año llegó a 2,3 millones de visitantes extranjeros al país, y que en el primer semestre del año registró a 1.480.015 chilenos que viajaron al exterior como turistas, según el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).
Como un tercer punto se agrega el cambio climático, que aunque aún no representa un problema concreto en términos sanitarios, diversos estudios ya hablan de que implicará cambios de temperaturas y humedad que podrían modificar las condiciones para que distintas plagas se acomoden en Chile.
Qué tan isla somos
Qué tan isla es Chile, desde el punto de vista fito y zoo sanitario, es un tema que divide a los expertos.
El especialista en epidemiología y profesor de la Universidad Católica, Bernardo Latorre, asegura que, pese a que el ingreso de plagas se ha sucedido con mayor frecuencia en los últimos años, “el país sigue teniendo esa condición, porque todavía hay muchos ejemplos de problemas que no están acá, por lo que sigue siendo válido el eslogan e interesa defenderlo”.
Sin embargo, el profesor de entomología de la Universidad de Chile, Roberto González -quien asesora a la Asociación de Exportadores (Asoex) en materias fitosanitarias- va por una línea más purista y sostiene que, desde que se comenzaron a introducir plantas exóticas, antes de 1800, “Chile nunca más ha sido una isla fitosanitaria”.
Esto, explica, se debe a que “el 90% de las plagas agrícolas que existen en el país son introducidas y todas ellas han sido transportadas por el hombre, atravesando las barreras naturales”.
González ha elaborado un catastro, que actualiza permanentemente, con las distintas plagas agrícolas y forestales que han entrado a Chile desde comienzos de los 60 (ver infografía). En esa época, la entrada de la mosca de la fruta fue lo que encendió la alerta de que el tema fitosanitario era relevante. En realidad, esa fue la primera de las varias veces en que ha ingresado.
“Esta mosca ha entrado por lo menos unas 18 veces a Chile”, comenta González, y dice que sigue siendo la plaga más peligrosa para la fruticultura, no tanto por el daño directo, sino porque, al tenerla, el país se podría convertir en un potencial exportador del insecto y, ante el riesgo, los mercados podrían cerrarse.
Desde el punto de vista productivo, la plaga que está resultando más complicada de las ingresadas en los últimos años es la lobesia botrana -que afecta principalmente a la uva vinífera y de mesa- porque provoca daños a las plantas y demanda muchos recursos al Gobierno y a los privados. DE hecho, incluso está generando roces entre productores de uva para vino o para exportación en fresco.
“Estamos conscientes de que, técnicamente, se descubrió tarde”, sostiene González, y asegura que ya está establecida y que no se podrá erradicar.
El especialista cuenta que conoció a esta polilla antes de que llegara a Chile (en 2008), en Roma, donde trabajó con ella durante ocho años. De acuerdo a su experiencia, critica que todavía se insista en que se están realizando programas de erradicación: “Es un poquito cansador tener todos los años esos programas, porque no puedes pasar diez años erradicando una plaga, sobre todo cuando está establecida hasta la Novena Región”.
¿Quién es el culpable?
Al surgir estas críticas, los ojos tienden a mirar directo al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la entidad encargada tanto de la fiscalización en fronteras en estas materias como de las medidas de prevención, control y erradicación cuando alguna plaga logra traspasar las barreras. La labor del organismo es reconocida tanto a nivel de privados como de los homónimos de otros países.
El profesor de la U. Católica, Bernardo Latorre, afirma que se han detenido varios problemas y destaca las medidas de cuarentena vegetal y los sistemas de vigilancia del SAG, aunque cree que estos últimos se deberían potenciar con más recursos, para tener más profesionales y laboratorios que puedan responder eficazmente ante la creciente demanda.
En cuanto al sistema de cuarentena, cree que tiene su mejor ejemplo en el aeropuerto de Santiago, donde “funciona de manera bastante ejemplar y es lo que ha permitido retardar al menos el ingreso de muchas plagas”. De acuerdo a los datos del SAG, solo en ese punto de entrada al país se interceptaron 38.862 kilos de productos de origen animal y vegetal en el primer semestre de este año.
Con esos antecedentes, la mayor parte de los expertos apunta al creciente tráfico del comercio y de turistas como los principales culpables del ingreso de plagas y, al mismo tiempo, como el mayor desafío para evitar el ingreso de nuevas enfermedades al país.
Esto porque, por más medidas que se tomen, a mayor cantidad de flujo de productos y personas también es mayor el riesgo, especialmente porque un insecto -o su larva- por ejemplo, o una enfermedad, no son siempre perceptibles por el ojo humano, el olfato animal o las tecnologías que se utilizan para ello.
Latorre es categórico al afirmar que la llegada de nuevas plagas y enfermedades -como la monilinia fructicola o el virus de la PSA- “son temas con los que uno va a tener que convivir, porque nadie va a decir que cerremos las puertas a la globalización para evitar que entren las plagas. Eso sería absurdo”.
Como un elemento adicional está el cambio climático, que impone una nueva presión, ya que si bien antes el clima evitaba la sobrevivencia o proliferación de ciertos problemas, las modificaciones en las lluvias y las temperaturas podrían llevar a que esto deje de ocurrir en el futuro.
“Es un tema que uno no puede anticipar, pero si hay un cambio en temperatura o en precipitaciones va a afectar de alguna manera, aunque es algo que se verá, si ocurre, en el largo plazo”, explica Latorre.
Nuevas acciones
El que se reconozca que el SAG hace lo que puede, especialmente considerando que esta no es su única labor y que la demanda aumenta, pero los recursos económicos no lo hacen en la misma medida, no significa que no existan críticas al organismo.
De hecho, un ex funcionario de ese servicio plantea que en los últimos años se ha relajado el control de ingreso. Reconoce que el riesgo cero no existe en ninguna parte, menos aún con el movimiento creciente de personas y productos, lo que califica como “un desafío inmenso”, pero cuestiona la capacitación y entrenamiento del personal actual.
“Tienen que estar al día, porque esto cambia todo el tiempo y con la globalización se requiere estar cada vez más atento a todos los problemas que existen”, enfatiza. Agrega que es clave hacer más mantenciones de los equipos de rayos X y controlar en forma más eficiente temas como el de la lobesia botrana. “Nunca debieron decir que la iban a erradicar, porque en ningún país del mundo se ha erradicado”, sostiene.
Roberto González plantea como un error el que no esté permitido que expertos como él no puedan colaborar y actuar cuando aparece una nueva plaga.
“Cuando se detecta pasa a ser propiedad del Estado, pero eso es muy malo, porque en Chile hay gente que conoce más el tema que los funcionarios del Estado”, señala.
Además, alerta otro punto que las autoridades deben revisar: “el que haya ‘bichos’ detectados en los supermercados (como ocurrió con la monilinia fructicola) quiere decir que la cordillera o el que alguien se traiga una fruta en un bolsillo no son los únicos puntos de entrada”.
“El SAG se apodera de todo el sistema de las normativas y las recomendaciones, pero si no pueden erradicar una plaga, después le echan la culpa a uno porque no colaboró”, sostiene el académico.
De todas formas, los expertos y los exportadores coinciden en un punto: lo fundamental es que se tome conciencia -a nivel de consumidores y viajeros- del riesgo que implica para el país el ingreso de estas plagas.
Frente a esa situación son los mismos chilenos quienes deben cuidar el patrimonio no solo no ingresando frutas o productos orgánicos, sino que poniendo especial cuidado con los artículos, incluso artesanías, que pueden traer al país.
El 90% de las plagas agrícolas que existen en el país han sido introducidas por el hombre. Cómo opera el SAGEl SAG define líneas de acción según el estado de cada enfermedad o plaga y el tipo de control que realiza.
En casos como el de la fiebre aftosa, que fue erradicada del país, el organismo explica que actúa informando a la ciudadanía para realizar denuncias en caso de que detecten un posible nuevo brote. En enfermedades como la tuberculosis bovina, en tanto, establecen zonas de control obligatorio, por lo que se restringe el movimiento de animales, con el fin de evitar su propagación.
Para las plagas agrícolas y forestales establece medidas de control fitosanitario mediante una resolución.
Los inspectores están autorizados para ingresar a los establecimientos ganaderos y a los predios agrícolas y forestales para verificar el cumplimiento de las medidas de vigilancia y control, además de poder pedir la documentación que exige cada programa que realizan.
Si eso no se cumple, pueden realizar denuncias a la autoridad regional del organismo, que cita a una audiencia al infractor, quien arriesga desde decomisos de material hasta multas.
Además de la fiscalización y las visitas del servicio, hacen un llamado a que los productores denuncien las sospechas de cualquier plaga o enfermedad en los cultivos, bosques y planteles de animales, y a los consumidores, para que cumplan con los requerimientos de los puntos de entrada al país, lo que se aplica también para las cargas comerciales y los ingresos de vehículos.
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