Por casi cuarenta años en Chile se bonificó la plantación de árboles, lo que constituyó un gran incentivo para el desarrollo de la industria forestal. El Decreto Ley 701, vigente entre 1974 y 2012, favoreció las plantaciones de pinos y eucaliptos en vastas zonas del territorio, lo que ha transformado al país en una potencia forestal a nivel mundial, de la mano del surgimiento de grandes empresas del rubro.
Este decreto estableció una bonificación del 75% de los gastos que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles.
Paralelamente, la ausencia de políticas de fomento agrarias durante las últimas cuatro décadas ha permitido la reducción de la superficie cultivada, la reducción de la población en los campos, la fuerte migración a las ciudades y el aumento de la brecha de ingresos entre los habitantes de zonas rurales y urbanas.
En la Región del Bío Bío, según el Censo Agropecuario de 2007 desarrollado por el INE, mientras la superficie de plantaciones forestales se incrementó en un 72,7% en diez años, al pasar de 770 mil hectáreas en 1997 a 1 millón 330 mil hectáreas en 2007; la superficie agropecuaria con actividad disminuyó un 31,7% en el mismo periodo, al pasar de 2 millones 616 mil hectáreas a 1 millón 786 mil hectáreas.
En estas cifras, Ñuble es un actor importante, pues concentra 353 mil hectáreas forestales y 765 mil hectáreas agropecuarias.
La actividad forestal es, además, responsable del 73% de las exportaciones de la Región del Bío Bío, mientras que los envíos agropecuarios representan un 9% del total.
Hoy Chile se plantea el desafío de ser potencia agroalimentaria, con una batería de instrumentos de apoyo estatal, pero existen numerosas opiniones que afirman que dicho apoyo es insuficiente.
En ese sentido, la idea de implementar un subsidio al agro de similares características al que por décadas se aplicó al sector forestal está tomando cada vez más fuerza, aunque aún está lejos de convertirse en realidad. De hecho, existen visiones disímiles sobre la conveniencia de un subsidio como éste, por su efecto distorsionador en los precios y porque podría vulnerar acuerdos comerciales internacionales.
Este decreto estableció una bonificación del 75% de los gastos que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles.
Paralelamente, la ausencia de políticas de fomento agrarias durante las últimas cuatro décadas ha permitido la reducción de la superficie cultivada, la reducción de la población en los campos, la fuerte migración a las ciudades y el aumento de la brecha de ingresos entre los habitantes de zonas rurales y urbanas.
En la Región del Bío Bío, según el Censo Agropecuario de 2007 desarrollado por el INE, mientras la superficie de plantaciones forestales se incrementó en un 72,7% en diez años, al pasar de 770 mil hectáreas en 1997 a 1 millón 330 mil hectáreas en 2007; la superficie agropecuaria con actividad disminuyó un 31,7% en el mismo periodo, al pasar de 2 millones 616 mil hectáreas a 1 millón 786 mil hectáreas.
En estas cifras, Ñuble es un actor importante, pues concentra 353 mil hectáreas forestales y 765 mil hectáreas agropecuarias.
La actividad forestal es, además, responsable del 73% de las exportaciones de la Región del Bío Bío, mientras que los envíos agropecuarios representan un 9% del total.
Hoy Chile se plantea el desafío de ser potencia agroalimentaria, con una batería de instrumentos de apoyo estatal, pero existen numerosas opiniones que afirman que dicho apoyo es insuficiente.
En ese sentido, la idea de implementar un subsidio al agro de similares características al que por décadas se aplicó al sector forestal está tomando cada vez más fuerza, aunque aún está lejos de convertirse en realidad. De hecho, existen visiones disímiles sobre la conveniencia de un subsidio como éste, por su efecto distorsionador en los precios y porque podría vulnerar acuerdos comerciales internacionales.
Gremio agrícola
Desde el gremio agrícola surgen las voces más fuertes pidiendo apoyo. Carlos Smith, vicepresidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, apunta al abandono en que el Estado dejó el agro, lo que se traduce en la falta de políticas de fomento y en general, en la desprotección frente a amenazas como el ingreso de importaciones a bajo valor.
“En este país no existe una preocupación por preservar la actividad agrícola, no existen incentivos o subsidios, y es algo que no tiene que ver con este gobierno en particular, sino con todos los gobiernos”, sostuvo el dirigente, quien afirmó que en el actual escenario, será muy difícil ser potencia agroalimentaria, si en un país donde los suelos agrícolas son escasos, se siguen restando predios para convertirlos a la actividad forestal.
“No estamos pidiendo un decreto ley 701 para la agricultura, pero sí que existan políticas de apoyo y que el Gobierno no tenga que esperar que los agricultores nos tomemos la carretera para reaccionar frente a situaciones que estamos advirtiendo hace tiempo”, dijo Smith.
Carlos González, presidente de Aprocarne Ñuble y director de la Asociación de Agricultores de Ñuble, es igual de categórico y se muestra de acuerdo con la idea de implementar un subsidio.
“En términos generales, podemos indicar que tanto nuestro sector, como otros, requieren de condiciones que promuevan y faciliten aspectos como la inversión, el emprendimiento y la generación de espacios que permitan el desarrollo armónico, donde el Estado juega un rol importante, toda vez que los beneficios no sólo signifiquen un bienestar directo para los productores, sino que generen externalidades positivas, tales como mejores condiciones para el emprendimiento, la generación de empleo o el despegue y desarrollo de un sector determinado, tal como ha sido el caso de la industria forestal”, expresó.
Pese a lo anterior, González manifestó que “no consideramos correcto que sólo se piense en subsidios como solución a todos los problemas del sector. Si se dieran las condiciones adecuadas en los mercados tanto interno como externo, si la banca generara productos adecuados para el sector y el Estado generase un marco legal y normativo que garantice un ambiente adecuado y competitivo, el escenario sería distinto, donde los subsidios probablemente no serían necesarios”.
Desde el gremio agrícola surgen las voces más fuertes pidiendo apoyo. Carlos Smith, vicepresidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, apunta al abandono en que el Estado dejó el agro, lo que se traduce en la falta de políticas de fomento y en general, en la desprotección frente a amenazas como el ingreso de importaciones a bajo valor.
“En este país no existe una preocupación por preservar la actividad agrícola, no existen incentivos o subsidios, y es algo que no tiene que ver con este gobierno en particular, sino con todos los gobiernos”, sostuvo el dirigente, quien afirmó que en el actual escenario, será muy difícil ser potencia agroalimentaria, si en un país donde los suelos agrícolas son escasos, se siguen restando predios para convertirlos a la actividad forestal.
“No estamos pidiendo un decreto ley 701 para la agricultura, pero sí que existan políticas de apoyo y que el Gobierno no tenga que esperar que los agricultores nos tomemos la carretera para reaccionar frente a situaciones que estamos advirtiendo hace tiempo”, dijo Smith.
Carlos González, presidente de Aprocarne Ñuble y director de la Asociación de Agricultores de Ñuble, es igual de categórico y se muestra de acuerdo con la idea de implementar un subsidio.
“En términos generales, podemos indicar que tanto nuestro sector, como otros, requieren de condiciones que promuevan y faciliten aspectos como la inversión, el emprendimiento y la generación de espacios que permitan el desarrollo armónico, donde el Estado juega un rol importante, toda vez que los beneficios no sólo signifiquen un bienestar directo para los productores, sino que generen externalidades positivas, tales como mejores condiciones para el emprendimiento, la generación de empleo o el despegue y desarrollo de un sector determinado, tal como ha sido el caso de la industria forestal”, expresó.
Pese a lo anterior, González manifestó que “no consideramos correcto que sólo se piense en subsidios como solución a todos los problemas del sector. Si se dieran las condiciones adecuadas en los mercados tanto interno como externo, si la banca generara productos adecuados para el sector y el Estado generase un marco legal y normativo que garantice un ambiente adecuado y competitivo, el escenario sería distinto, donde los subsidios probablemente no serían necesarios”.
Gobierno lo descarta
Desde el Gobierno, sin embargo, una propuesta como ésta es rechazada tajantemente. El seremi de Agricultura, José Manuel Rebolledo, sostuvo que “no está en los planes de ningún candidato el crear un nuevo subsidio ni menos en nuestro gobierno. Cualquier nuevo subsidio al agro exportador, sería motivo para retaliaciones (represalias) en cada mercado y también seríamos acusados ante la OMC (Organización Mundial de Comercio)”.
Añadió que “sería más conveniente proponer aumentar significativamente los recursos a los programas de suelos degradados y a los concursos de riego, que ya están aceptados por los países de destino de nuestras exportaciones y están inscritos ante la OMC”.
Desde el Gobierno, sin embargo, una propuesta como ésta es rechazada tajantemente. El seremi de Agricultura, José Manuel Rebolledo, sostuvo que “no está en los planes de ningún candidato el crear un nuevo subsidio ni menos en nuestro gobierno. Cualquier nuevo subsidio al agro exportador, sería motivo para retaliaciones (represalias) en cada mercado y también seríamos acusados ante la OMC (Organización Mundial de Comercio)”.
Añadió que “sería más conveniente proponer aumentar significativamente los recursos a los programas de suelos degradados y a los concursos de riego, que ya están aceptados por los países de destino de nuestras exportaciones y están inscritos ante la OMC”.
Subsidios indirectos
Por su parte, el diputado RN por el distrito 42, Frank Sauerbaum, se mostró partidario de la entrega de subsidios indirectos al agro.
“El apoyo que el Gobierno entrega al agro hoy por hoy, sin lugar a dudas representa un avance importante para el sector. No obstante, sigue haciéndose necesario ampliar la cobertura en los distintos programas, sobre todo, los que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura familiar campesina y las pymes”, expresó el parlamentario, quien agregó: “estoy de acuerdo en la entrega de subsidios indirectos que fomenten la competitividad de nuestros agricultores y fortalezcan la integración a los mercados internacionales en igualdad de condiciones”.
Sauerbaum explicó que “los tratados de libre comercio impiden aplicar subsidios directos sobre nuestros productos, ya que además de elevar los precios, distorsionan el mercado de bienes; por eso lo que se hace es impulsar instrumentos que complementan el trabajo que desarrollan nuestros agricultores, asegurándoles su producción. En esa línea, soy partidario de ampliar la cobertura a las pymes, tal como se lo solicitamos al Presidente durante la elaboración del presupuesto para el próximo año”.
El legislador precisó que “los subsidios deben apuntar a disminuir los costos de energía de la producción agrícola y fortalecer los seguros de precios y los seguros climáticos, los cuales han demostrado ser eficientes para mejorar la competitividad”.
Por otro lado, el diputado radical por el distrito 41, Carlos Abel Jarpa, planteó que “la implementación del programa de recuperación de suelos degradados es primordial para la pequeña agricultura familiar campesina. Hoy el desafío es aumentar los subsidios a la inversión que actualmente son del orden de un 25% e incrementarlos en un 50%; con esta modalidad generamos mayor dinamismo en la inversión agrícola como mejoramiento de tecnologías, maquinaria agrícola, sistemas de procesos agroindustriales y por supuesto, mayor mano de obra”.
A su vez, el diputado RN por el distrito 41, Rosauro Martínez, no se cierra a ninguna opción: “hay que aumentar los beneficios hacia el mundo agrícola, y esto puede ser a través de la figura del subsidio o a través del aumento de los recursos que pueden canalizarse mediante Indap”
El parlamentario agregó que “el apoyo hacia el agro por parte del Estado es insuficiente. Debemos potenciar la actividad económica asociada al mundo rural, pero también proteger la identidad de éste y desarrollar un plan de desarrollo del mundo campesino (…) La ayuda que entregue el Estado debe estar enfocada en la incorporación de tecnología y maquinaria agrícola, en capacitación, en la protección de la competencia desleal extranjera y en el correcto y oportuno funcionamiento de Cotrisa”.
Por su parte, el diputado RN por el distrito 42, Frank Sauerbaum, se mostró partidario de la entrega de subsidios indirectos al agro.
“El apoyo que el Gobierno entrega al agro hoy por hoy, sin lugar a dudas representa un avance importante para el sector. No obstante, sigue haciéndose necesario ampliar la cobertura en los distintos programas, sobre todo, los que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura familiar campesina y las pymes”, expresó el parlamentario, quien agregó: “estoy de acuerdo en la entrega de subsidios indirectos que fomenten la competitividad de nuestros agricultores y fortalezcan la integración a los mercados internacionales en igualdad de condiciones”.
Sauerbaum explicó que “los tratados de libre comercio impiden aplicar subsidios directos sobre nuestros productos, ya que además de elevar los precios, distorsionan el mercado de bienes; por eso lo que se hace es impulsar instrumentos que complementan el trabajo que desarrollan nuestros agricultores, asegurándoles su producción. En esa línea, soy partidario de ampliar la cobertura a las pymes, tal como se lo solicitamos al Presidente durante la elaboración del presupuesto para el próximo año”.
El legislador precisó que “los subsidios deben apuntar a disminuir los costos de energía de la producción agrícola y fortalecer los seguros de precios y los seguros climáticos, los cuales han demostrado ser eficientes para mejorar la competitividad”.
Por otro lado, el diputado radical por el distrito 41, Carlos Abel Jarpa, planteó que “la implementación del programa de recuperación de suelos degradados es primordial para la pequeña agricultura familiar campesina. Hoy el desafío es aumentar los subsidios a la inversión que actualmente son del orden de un 25% e incrementarlos en un 50%; con esta modalidad generamos mayor dinamismo en la inversión agrícola como mejoramiento de tecnologías, maquinaria agrícola, sistemas de procesos agroindustriales y por supuesto, mayor mano de obra”.
A su vez, el diputado RN por el distrito 41, Rosauro Martínez, no se cierra a ninguna opción: “hay que aumentar los beneficios hacia el mundo agrícola, y esto puede ser a través de la figura del subsidio o a través del aumento de los recursos que pueden canalizarse mediante Indap”
El parlamentario agregó que “el apoyo hacia el agro por parte del Estado es insuficiente. Debemos potenciar la actividad económica asociada al mundo rural, pero también proteger la identidad de éste y desarrollar un plan de desarrollo del mundo campesino (…) La ayuda que entregue el Estado debe estar enfocada en la incorporación de tecnología y maquinaria agrícola, en capacitación, en la protección de la competencia desleal extranjera y en el correcto y oportuno funcionamiento de Cotrisa”.
Dudosa efectividad
“En un mundo globalizado, los subsidios no funcionan y son un arma de doble filo. Por una parte, promueven la ineficiencia de los agricultores, y por otra, arriesgan los mercados para aquellos sectores que son más eficientes”, expuso el economista jefe del Centro de Estudios de la Realidad Regional, Renato Segura.
El profesional añadió que “el Estado tiene instrumentos suficientes para apoyar de mejor forma al agro. El problema es que le ha faltado voluntad política para mejorar la gestión de dichos instrumentos. La migración de las familias agrícolas a centros urbanos ha generado pérdida de interés político en apoyar dicha actividad productiva. Esta contradicción vital ha inmovilizado a las autoridades sectoriales del ramo, afectando gravemente la competitividad de un sector que tiene la enorme potencialidad de desarrollar en forma equilibrada el territorio regional”.
Segura, quien también es académico de la Universidad San Sebastián, sostuvo que “la política fiscal no debe seguir actuando en la lógica de los subsidios. El Estado debe generar incentivos y reglas del juego claras que permitan orientar los esfuerzos de los agricultores hacia la internacionalización del sector agroalimentario. El Estado debiese generar instrumentos de financiamiento basado en la filosofía de los convenios de desempeño, para orientar los esfuerzos y capacidades del sector a ingresar a un mercado de alta eficiencia, donde los consumidores mantienen un alto nivel de exigencia en términos de la relación precio/calidad”.
“En un mundo globalizado, los subsidios no funcionan y son un arma de doble filo. Por una parte, promueven la ineficiencia de los agricultores, y por otra, arriesgan los mercados para aquellos sectores que son más eficientes”, expuso el economista jefe del Centro de Estudios de la Realidad Regional, Renato Segura.
El profesional añadió que “el Estado tiene instrumentos suficientes para apoyar de mejor forma al agro. El problema es que le ha faltado voluntad política para mejorar la gestión de dichos instrumentos. La migración de las familias agrícolas a centros urbanos ha generado pérdida de interés político en apoyar dicha actividad productiva. Esta contradicción vital ha inmovilizado a las autoridades sectoriales del ramo, afectando gravemente la competitividad de un sector que tiene la enorme potencialidad de desarrollar en forma equilibrada el territorio regional”.
Segura, quien también es académico de la Universidad San Sebastián, sostuvo que “la política fiscal no debe seguir actuando en la lógica de los subsidios. El Estado debe generar incentivos y reglas del juego claras que permitan orientar los esfuerzos de los agricultores hacia la internacionalización del sector agroalimentario. El Estado debiese generar instrumentos de financiamiento basado en la filosofía de los convenios de desempeño, para orientar los esfuerzos y capacidades del sector a ingresar a un mercado de alta eficiencia, donde los consumidores mantienen un alto nivel de exigencia en términos de la relación precio/calidad”.
Potencia alimentaria
El docente de economía de la Universidad de Concepción, Roberto Herrera, se sumó a las críticas respecto de los insuficientes apoyos estatales para el agro y recordó el reciente envío del proyecto de ley que crea un nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos. “A mi parecer es una buena medida, pero sólo se basa principalmente en las nuevas facultades que tendría el Ministerio que permitirán asegurar inocuidad y seguridad en la producción de alimentos. Esto, sin comprender que el problema de nuestro país en el contexto internacional es que sus volúmenes de producción son reducidos, versus los de Argentina o Brasil u otros competidores”.
El docente de economía de la Universidad de Concepción, Roberto Herrera, se sumó a las críticas respecto de los insuficientes apoyos estatales para el agro y recordó el reciente envío del proyecto de ley que crea un nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos. “A mi parecer es una buena medida, pero sólo se basa principalmente en las nuevas facultades que tendría el Ministerio que permitirán asegurar inocuidad y seguridad en la producción de alimentos. Esto, sin comprender que el problema de nuestro país en el contexto internacional es que sus volúmenes de producción son reducidos, versus los de Argentina o Brasil u otros competidores”.
¡Necesitas ser un miembro de AGRO 2.0 para añadir comentarios!
Participar en AGRO 2.0