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Desde la entrada en vigencia del Decreto Ley 701, de 1974, de fomento forestal, este sector ha registrado la mayor expansión de su historia, transformándose en el principal motor económico de la Región del Bío Bío, así como de otras regiones, al punto que hoy empresas como Arauco y CMPC están entre las principales productoras de celulosa del mundo, con operaciones en varios países del continente.

Como contraparte, el abandono que ha sufrido el sector agrícola, por parte de todos los gobiernos, incluida la dictadura, ha obligado a pequeños y medianos empresarios de este sector a competir en un escenario caracterizado por el ingreso de productos importados subvencionados por otros Estados, por el incremento del precio de los insumos y la mano de obra, por las rigideces de la legislación laboral y, en el último tiempo, por el bajo tipo de cambio, aspecto que perjudica específicamente a los exportadores chilenos.
Es así como la agricultura tradicional ha perdido terreno y hoy Chile ya no logra cubrir la demanda interna por algunos productos, como el trigo y el maíz. La excepción en este complejo panorama la constituyen los productores y exportadores de frutas, que aprovecharon las ventajas comparativas del país para posicionar en el mercado internacional productos como las uvas, las manzanas y los berries.
Pese a lo anterior, el fuerte dinamismo de la industria minera ha generado un inusitado ingreso de dólares al país, lo que sumado a la apreciación del peso, mantienen un tipo de cambio bajo el nivel aceptable para los exportadores, lo que en no pocos casos amenaza con hacer inviable la producción y exportación en algunos predios.
En esta suerte de competencia por el uso del suelo, la actividad forestal, dada su buena salud y altos retornos, resulta, para muchos, ser un mejor negocio que la agricultura. De hecho, según un reciente estudio elaborado en el Magíster en Economía de Recursos Naturales de la Universidad de Concepción, la renta forestal puede ser cuatro o cinco veces más alta que la renta agrícola por hectárea.
Esto ha tenido como consecuencia un aumento explosivo de la superficie de plantaciones y una permanente disminución de las hectáreas destinadas al agro.
A modo de ejemplo, según el Censo Agrícola de 2007, la superficie destinada al rubro forestal se incrementó en un 72,7% entre 1997 y 2007 en la Región del Bío Bío, llegando a 1 millón 330 mil hectáreas. En cambio, la superficie agrícola se redujo un 31,7% en el mismo periodo, alcanzando a 1 millón 786 mil hectáreas.
El dispar desarrollo y dinamismo de estas dos actividades no puede ser explicado por el mero argumento de la ley de mercado, puesto que existió y sigue existiendo una asimetría en términos de incentivos estatales, pues si bien existe una política de fomento al riego y numerosos programas de apoyo a los pequeños agricultores, no se puede comparar el efecto del DL 701 en el rubro forestal con los resultados que ha tenido el Indap en el mismo periodo, por mencionar un ejemplo.
En ese sentido, conviene analizar la propuesta del economista Renato Segura, quien plantea que debiese legislarse para aprobar un decreto que entregue similar subsidio a los propietarios agrícolas, de manera que el desafío de ser potencia agroalimentaria no recaiga sólo en las grandes empresas del sector, sino que sea una meta común, donde todos los actores puedan ser parte y, a la vez, obtener un beneficio.
No se trata de introducir distorsiones a los precios ni de validar el dumping, tampoco de subvencionar negocios que no son competitivos, sino que de fortalecer un sector clave de la economía que requiere con urgencia un impulso. De esta forma, no sólo se avanzará en términos de equidad, sino que también se evitará la profundización de fenómenos migratorios que hoy están dejando al campo sin habitantes, y por tanto, sin mano de obra.

fuente: diarioladiscusion.cl

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