AGRO 2.0 Avalancha transgénica

Con una intensidad inusitada América Latina está sufriendo un avance de las corporaciones del agronegocio que recuerda a la primera embestida en el marco de la Revolución Verde en los años 60 o al primer desembarco de los transgénicos en los 90.

De punta a punta del continente americano, y con diferentes matices, la invasión de transgénicos amenaza la posibilidad del cultivo de la tierra y de la alimentación para millones de campesinos, pueblos originarios y consumidores.

La lista abarca a casi la totalidad de los países y por mencionar únicamente los casos emergentes podemos empezar nuestro recorrido desde el Sur con el golpe parlamentario en Paraguay que tuvo como uno de sus ejes la intención de lograr la autorización del maíz transgénico que el gobierno de facto ya intenta instrumentar.

En Argentina, Monsanto quiere montar la planta más grande de América Latina para procesar maíz transgénico y existe la intención de modificar la Ley de Semillas para adecuarla a las necesidades de dicha empresa. En la región andina nos inquietan los intentos de quebrar la prohibición de los transgénicos en Bolivia y Ecuador con argumentos insostenibles. En Costa Rica la Comisión de Bioseguridad intenta también aprobar un maíz transgénico.

No es casual que en casi todos los casos sea el maíz, nuestro maíz, el principal objeto de estas agresiones. Y no es casual tampoco que México está siendo el punto focal de una de las más brutales agresiones.

Aquí viene la avalancha

Es posible que antes de terminar el periodo presidencial de Felipe Calderón, o como uno de los primeros actos de gobierno del presidente entrante, Enrique Peña Nieto, se abra la siembra comercial de maíz transgénico en ¡más de dos millones de hectáreas del territorio mexicano!, repartidas en los estados de Sinaloa y Tamaulipas para empezar, como documenta con alarma el Grupo ETC:

Están en proceso las primeras solicitudes de las transnacionales Monsanto y Pioneer (propiedad de DuPont) para sembrar maíz transgénico a escala comercial en México: un millón 400 mil hectáreas en Sinaloa y más de un millón de hectáreas en Tamaulipas. Esto equivale a una superficie mayor que todo el Estado de México, 17 veces mayor que el Distrito Federal, y mayor que la suma del todo el DF, Morelos, Tlaxcala, Colima y Aguascalientes juntos. Es también muy superior a decenas de países enteros, por ejemplo, mayor que todo El Salvador, Kuwait o Luxemburgo.

En más de la mitad de esa superficie, quieren usar el mismo tipo de maíz transgénico (con el gen Mon603) que produjo cáncer en ratas en el experimento del doctor Seralini en Francia, publicado en octubre 2012.

De aprobarse, este maíz de riego, sembrado en los próximos meses, se esparcirá por México a mediados del año entrante. Será un maíz que, siguiendo los canales convencionales de distribución, inundará las grandes ciudades: la zona metropolitana del Distrito Federal, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades medianas, poniendo en grave riesgo a la población que lo consuma en directo como masa para tortillas, atole, tamales o pozol, o indirectamente como parte de la inmensa cantidad de alimentos procesados que lo contendrán como edulcorante, emulsificante, estabilizador o excipiente —y al que es muy difícil rastrearle el camino.

El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), redactó un primer folleto para apoyar la resistencia a la agresión donde insistió en el punto anterior diciendo:

Las comercializadoras como Cargill y las industrializadoras como Maseca, Minsa y ADM compran el maíz a los agricultores. Cargill vende a los molinos urbanos maíz en grano para fabricar la masa3 con la que surten a las tortillerías. Maseca y Minsa elaboran harina de maíz y la venden a las tortillerías, algunas tortillerías mezclan la harina con masa, otras sólo utilizan harina, como las que venden en Walmart. Maseca y Minsa también fabrican tortillas y venden harina de maíz al menudeo. ADM distribuye maíz en grano para las tiendas Diconsa. Todos estos tipos de harina y masa estarán elaborados o contaminados con maíz transgénico, pues no es posible separar el maíz transgénico del que no lo es.

Además el gobierno de México se ha opuesto siempre al etiquetado de los productos transgénicos, así que muy pronto todos estaremos comiendo maíz transgénico sin saberlo.4

¿Por qué la alerta roja?

Las comunidades campesinas, indígenas, la gente de los barrios de todas las grandes ciudades, las organizaciones de la sociedad civil, claman una alerta roja total por lo que consideran “una contaminación planeada con toda la intención”.5 La extensión a ser sembrada es tan vasta que podemos considerar que es una verdadera avalancha de maíz transgénico el que se cierne sobre todo el país, tanto en el campo para los cultivos, como en las ciudades para la gente que lo consuma.

Hablamos de una alerta roja ambiental, porque significará la erosión de la inmensa variedad de las semillas nativas del maíz en su centro de origen, uno mucho más vasto que sólo “mesoamericano”. Las dependencias gubernamentales han argumentado la existencia de “centros de origen y diversificación del maíz” en México (abriendo la posibilidad de que hubiera regiones donde sí es factible sembrar lo que sea porque “no son centros de origen”) mientras las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil insisten, junto con investigadores y expertos de varias partes del mundo, en que:

La contaminación es un tema que concierne a todo el mundo, en tanto que el maíz es uno de nuestros cultivos alimentarios más importantes y México es reservorio de su diversidad genética, de la cual todos dependemos. Los cambios en la política que se están considerando ahora podrían poner al gobierno mexicano en el trágico papel histórico de haber permitido la destrucción de un recurso crítico para el futuro global de la seguridad alimentaria, y haber puesto en riesgo el legado más precioso de los pueblos indígenas y campesinos de México.

Esta carta se publicó en 2003 poco después de que cientos de comunidades y organizaciones, de modo autogestionario, demostraban que ya había focos de contaminación transgénica en variedades nativas de maíz en varios estados de la República.

Entre marzo y mayo de 2009, se pronunciaron (firmando una nueva carta dirigida al pueblo de México, al gobierno mexicano a la FAO, al Convenio de Diversidad Biológica y a la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas), más de 762 organizaciones de 56 países y literalmente miles de personas, que alarmadas rechazaban el acto del gobierno mexicano por el cual ponía fin a la moratoria al maíz transgénico que estaba en efecto desde fines de 1998 y principios de 1999, y que preparaba el terreno para la siembra comercial que hoy está a punto de aprobarse.

En esa carta, junto con la Red en Defensa del Maíz, un espacio de confluencia de más de mil comunidades de 22 estados de la república mexicana, los firmantes insistían:

México es centro de origen y diversidad del maíz. Existen más de 59 razas reconocidas y miles de variedades, que serán indefectiblemente contaminadas.

Los pueblos indígenas y campesinos son quienes han creado y mantienen este tesoro genético del maíz, uno de los principales cultivos de los que depende la alimentación humana y animal en el planeta.

El maíz es alimento básico de la población mexicana. En ninguna parte se ha evaluado su consumo cotidiano y en grandes cantidades, como sucede aquí. Existen estudios científicos que, con mucho menor consumo, reportan alergias y otros impactos a la salud humana y de los animales alimentados con transgénicos.

En 2011, en diversos talleres y encuentros, las comunidades reafirmaron no permitir que el gobierno intentara establecer esos supuestos “centros de origen” que dejaban zonas abiertas para el cultivo. Ya en ese entonces, el responsable de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales mexicana, (Semarnat), Juan Elvira, había declarado: “consideramos que son por lo menos 2 millones de hectáreas en donde se puede sembrar maíz con biotecnología, en donde no hay afectación a nuestras variedades de maíz criollo, en donde la preservación del maíz criollo y de sus ancestros, los teocintles, están completamente preservados bajo un criterio científico”. Y al otro día se retractó.8 Ante la inminencia de los 2 millones 400 mil hectáreas de siembras transgénicas tan sólo para Sinaloa y Tamaulipas, se queda chico lo declarado entonces por el secretario Juan Elvira. Y las comunidades ya entonces le respondían diciendo:

Todo México es centro de origen del maíz, es más, toda Mesoamérica y sus vecindades (que van desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de América del Sur) son el territorio que consideramos como centro de origen. Porque además el maíz nunca ha sido solito. Siempre está en una profunda relación con los pueblos. Hay una comunidad entre las comunidades humanas y la comunidad del maíz con otros cultivos, plantas y animales con los que ha convivido por milenios. Los criterios gubernamentales que requieren de hallazgos arqueológicos de rastros de maíz para calificar como una zona como centro de origen son insuficientes y sesgados. Si los expertos no encuentran nada dicen “que no hay”, sin tomar en cuenta la memoria histórica y la presencia viva del maíz en todas las regiones de México.

Efectivamente, el examen de la complejidad parece confirmar una estrecha relación entre lo biológico y lo social. Según Paul Weatherwax, uno de los historiadores del maíz, “cuando se estableció el contacto entre el Nuevo y el Viejo Mundo, el maíz se cultivaba desde los 45 grados de latitud norte, donde hoy se encuentra Montreal, Canadá, hasta los 40 grados de latitud sur, casi mil kilómetros al sur de Santiago de Chile”, y así lo citó Arturo Warman, investigador y luego funcionario en su hoy legendario libro sobre la expansión del maíz en el mundo.

Y hay más. El Relator Especial para la Alimentación, Olivier de Schutter, recomendó expresamente restablecer la moratoria a la siembra y comercialización del maíz transgénico en su informe de misión a México en 2011.

Recientemente, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), con ligas con otras uniones semejantes en todo el mundo, hizo un llamado a la comunidad científica a defender el maíz en su centro de origen. En su invitación decían:

México es el Centro de Origen y Diversificación del maíz y de sus parientes silvestres, con más de 59 razas (variedades nativas) de maíz distribuidas a lo largo y ancho del país.

* Estas variedades nativas de maíz representan no sólo un reservorio de diversidad genética fundamental para esfuerzos actuales y futuros de mejoramiento agronómico que coadyuven en la adaptación de procesos de cambio climático a nivel mundial, si no también, el modo de vida de millones de campesinos en México.

* La evidencia científica disponible demuestra que una vez que se siembre maíz transgénico en cualquier parte de México será imposible evitar el flujo de transgenes hacia las variedades nativas, lo cual pondrá en entredicho no sólo la viabilidad del maíz nativo mexicano, si no también afectará el modo de vida de millones de personas, incluyendo campesinos, agricultores de mayor escala y consumidores.

Por todo lo anterior, y ante la perspectiva de que el saliente gobierno quiere dejar como legado la imposición de la siembra de maíz transgénico en nuestro país, a través de un proceso de desregulación que ha ignorado toda la evidencia científica de riesgo, así como las peticiones de la sociedad civil nacional e internacional, les pedimos se adhieran a la siguiente Declaración y Llamado a la Acción que serán promovidos ante instancias nacionales e internacionales desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

Es entonces una alerta roja mundial agrícola y de biodiversidad porque la irremediable contaminación con transgénicos de ese enorme centro de origen de la planta maravillosa, uno de los cuatro cultivos cruciales para la humanidad, implica la devastación más brutal de las estrategias de supervivencia de la humanidad de que se tiene noticia —y de la subsistencia, la seguridad y la soberanía alimentaria real de las poblaciones urbanas y rurales. Nunca antes se ha erosionado en tal escala de magnitud, extensión y volumen el acervo genético de un cultivo en su centro de origen, ni se ha atentado tan directa y masivamente contra la vida de una población que consume (como bien documenta Ana de Ita del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano-Ceccam) 115 kilos de maíz anuales por persona en promedio.

¿Y el principio precautorio?

Parte de la alarma general es que las organizaciones sociales resienten esta siembra como un “ataque contra la subsistencia más elemental y la salud de la población mexicana” que “equivaldría a un genocidio”14 ya que numerosos experimentos alertan de los enormes riesgos que entraña el consumo de este maíz, pues puede provocar mutaciones, tumores, cáncer, posible depresión de la inmunidad general u otros efectos nocivos todavía no identificados.

Antes, estas dudas profundas eran el fundamento del universal Principio Precautorio, mediante el que cualquier aplicación derivada de la experimentación o la teoría (de la cual hubiera dudas de su inocuidad), podía y debería frenarse hasta que hubiera evidencia sustantiva de que no ocasionaba ningún daño. En los tiempos que corren, la comprobación de inocuidad parece recaer en la sociedad civil, y las empresas de innovación impulsan todo lo que no esté demostrado que no hace daño (según sus propias regulaciones) sin el menor miramiento y con una irresponsabilidad que puede calificarse de criminal.

El problema de la alimentación

El Ceccam ha sido parte de las organizaciones que han estado impulsando la resistencia contra la aberración industrial de inundar el campo y la ciudad con maíces transgénicos que ni siquiera se sabe bien a bien cómo funcionan. De hacerse, gobierno y corporaciones estarían sustituyendo la actividad de los agricultores de Sinaloa y Tamaulipas y entregando la siembra transgénica a las corporaciones. Dice Ana de Ita:

En septiembre pasado, Monsanto solicitó los dos primeros permisos para la siembra comercial de 700 mil hectáreas de maíz en Sinaloa; unas semanas más tarde Pioneer Hi-Bred International solicitó tres permisos para la siembra comercial de 320 mil hectáreas en Tamaulipas.

Usualmente en Sinaloa se siembran con maíz 300 mil hectáreas de riego, pero Monsanto solicitó que le aprueben 700 mil para este ciclo otoño-invierno. En diciembre próximo Monsanto pretende sembrar con maíz transgénico todas las hectáreas de riego existentes en Sinaloa [...]

En Tamaulipas, Pioneer pretende duplicar las hectáreas sembradas con maíz [...]

Los agricultores de Sinaloa y Tamaulipas que producen maíz para el mercado, utilizan semillas híbridas que compran año con año a las transnacionales productoras como Monsanto, Pioneer, Dow, mismas que producen y promueven las semillas transgénicas. Si estas empresas deciden comercializar únicamente semillas transgénicas los agricultores no tendrán opción. Además, quienes decidan no sembrar transgénicos serán contaminados por los cultivos de sus vecinos, y su maíz se mezclará en el transporte, los silos, los elevadores o los almacenes. Tal como ocurrió en Estados Unidos, será imposible segregar el maíz transgénico del convencional y toda la cosecha terminará contaminada.

Dado que el maíz de Sinaloa llega a casi todos los rincones del país, la amenaza se extiende a las áreas rurales, donde además contaminará las razas y variedades locales dispersando los transgenes entre los maíces nativos.

Es muy sintomático que sea Sinaloa uno de los estados que son el objetivo de estas siembras transgénicas porque de manera más o menos abrupta el maíz de Sinaloa, que durante años se distribuía en las ciudades, fue reemplazado por importaciones que el gobierno mexicano le autorizó este año a varias comercializadoras, entre ellas sobre todo a Cargill y Archer Daniels Midland (que decidieron dejar de comprarle a los agricultores mexicanos de Sinaloa, y privilegiaron cosechas de Sudáfrica y Estados Unidos), poniendo en grave riesgo a los productores mexicanos de maíz comercial y comprometiendo la seguridad alimentaria de la población mexicana.

Esto se habría evitado si el Estado hubiera apoyado a los productores para que su precio fuera mejor que el que le ofrecen en Sudáfrica a las comercializadoras, pero “la Secretaría de Agricultura, que confunde la seguridad alimentaria y la política agrícola con oportunidades de negocios, argumenta que no tiene recursos para apoyar a los productores a establecer algún esquema de pignoración que evite la caída del precio del mercado, garantice la venta de la cosecha nacional y constituya una reserva técnica, por el contrario sostiene que apoyar a los agricultores nacionales implicaría pérdidas. Olvida que una función del Estado es regular los mercados de productos básicos y garantizar la producción nacional”.

Pero las contradicciones se suman. Al mismo tiempo que existe este favoritismo para las comercializadoras en menoscabo de la producción nacional, y que se pretende sembrar tal extensión de hectáreas con OGM, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), afirma que año con año se destinan menos hectáreas a la producción de maíz, siendo México uno de los que más ha disminuido su superficie sembrada (un 5 por ciento en 5 años) sólo por debajo de Guatemala.

Por último, permitirles que en tal extensión de hectáreas Monsanto, Pioneer y Dow “siembren muerte”, directamente o por contrato, o a través de la venta de semilla transgénica como única posibilidad del abasto de semilla en esos espacios, es promover un acaparamiento de tierras brutal, un desbancamiento de la producción nacional no transgénica y la promoción nada indirecta de una distribución y comercialización de alimentos a las ciudades, monopólica y especulativa por parte de ADM y Cargill.

Y no sobra recalcar que no son los agricultores quienes solicitan estos permisos: “son directamente las transnacionales de transgénicos que se constituyen explícitamente en los dueños del agro mexicano —qué se siembra, cuánto, dónde, a qué precio, bajo qué riesgos, para quién”.

Por el contrario, las organizaciones campesinas, los espacios indígenas, las redes de organizaciones de la sociedad civil, comienzan a pronunciarse, hacen plantones, comunicados, carteles. Así, al exigirle al gobierno que niegue tales permisos de siembra comercial de maíz a Monsanto, Olegario Carrillo Meza, presidente de la Unión de Organizaciones Campesinas Autónomas (Unorca), organización integrante de Vía Campesina-Norteamérica, argumentó: “No existe ninguna razón tecnológica, económica ni ética en beneficio de la población y la mayoría de los productores del campo que justifique la autorización de la siembra comercial de maíz transgénico en por lo menos un millón de hectáreas en los estados de Sinaloa y Tamaulipas”.

Carrillo Meza abundó: “En el actual sexenio que está por concluir, el gobierno federal a través de la secretaría de Agricultura y la secretaría del Medio Ambiente otorgó 162 licencias para cultivo experimental de maíz transgénico y de siembra piloto, lo que suma 177 permisos en campo abierto”. El presidente de Unorca recalcó que el gobierno federal está “obligado a restablecer la moratoria a cualquier tipo de cultivo de maíz transgénico en el país”. Si el gobierno aprueba los permisos pendientes “sería un atentado contra el cumplimiento del derecho a la alimentación, pues reduciría más las posibilidades de que la población acceda a comida sana, suficiente y de calidad; las pretensiones de las empresas Monsanto y Pioneer, representan un peligro para la salud humana, la biodiversidad, la cultura y la soberanía del país”.

¿Por qué una avalancha?

Hay que recordar que durante once años —desde 2001— el gobierno no sólo no detuvo la contaminación sino que le restó importancia y en los hechos la permitió. La muy posible inundación con transgénicos en las comunidades del centro y sur del país no ocurrió porque las comunidades pudieron mal que bien frenar la entrada del maíz transgénico a sus territorios mediante una moratoria de facto asumida naturalmente y sin declaraciones vistosas pero con una decisión y una certeza inquebrantable, que sigue vigente. Eso impidió que cundiera la contaminación transgénica en México durante todos estos once años —como sí lo ha ocurrido en otros países.

El trabajo insistente y cariñoso de la Red en Defensa del Maíz (como dijimos más de mil comunidades en unos 22 entidades federativas del país) fue un freno real. Pero la gente de las comunidades campesinas del país tiene la claridad suficiente para saber que una avalancha de esta magnitud terminará irremediablemente contaminando siembras ni siquiera tan vecinas de los enormes campos sembrados con OGM, y se introducirá a la alimentación de la población mexicana sin freno alguno.

Como afirma el cartel que circula ya para apoyar la resistencia en los barrios de muchas ciudades:

Hace más de once años, desde que se descubrió contaminación de maíz transgénico, cientos de comunidades y organizaciones campesinas, muchas de ellas indígenas, han estado luchando contra el maíz transgénico, creando conciencia entre sus habitantes, afinando sus estrategias de intercambio de semillas, observando más de cerca sus milpas, haciendo estatutos comunitarios que prohiben la entrada de maíces transgénicos, rechazando las semillas de los programas de gobierno. Han comprendido que la lucha no es sólo por una comida, o por una planta, o por una parcela; han comprendido que es la lucha que va de la semilla a los territorios y la posibilidad de libertad material y política.

Durante esos años el gobierno mexicano implementó, paso a paso, leyes, reglamentos y políticas públicas que sin duda promovieron el ingreso de los organismos genéticamente modificados. Primero inundó los espacios campesinos indígenas con maíz importado (con un alto porcentaje de maíz transgénico revuelto e indistinguible) a través de las 23 mil tiendas campesinas de la empresa paraestatal Diconsa lo que implantó focos de contaminación en zonas que no lograron expandirse de una manera generalizada. Entre las organizaciones y los estudiosos del proceso, hay la certeza de que esta contaminación fue y es una estrategia consciente de las empresas y los funcionarios técnicos y políticos del gobierno mexicano.

Después, desde las instancias del gobierno se promovió la idea de que los mexicanos tendrían que aprender a “coexistir” con los organismos genéticamente y que no pasaría nada. En este contexto, el congreso mexicano en pleno (diputados y senadores por igual) aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y varias leyes colaterales, como la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, los reglamentos de ambas leyes y una batería completa que configura un verdadero blindaje para obstruir la justicia.

En tercer lugar, el gobierno le apostó a la confusión. A ella contribuyó el reglamento de la LBOGM en lo tocante al llamado Régimen Especial de Protección al Maíz, que prácticamente desapareció y dejó así una incertidumbre legal que existe aún en torno a si en México existen centros de origen del maíz y sitios donde no hay tales centros, o si todo el país es centro de origen —como lo han venido insistiendo muchísimas organizaciones, comunidades, colectivos, investigadores y gente de buena voluntad.

Que todo México y más sea el centro de origen del maíz para el mundo era y es uno de los fundamentos de la moratoria de facto que funcionó de 1997 a 2009. Y es algo que la Red en Defensa del Maíz seguirá reivindicando.

Aprovechando la confusión, se instalaron siembras experimentales y piloto en el norte del país de un modo clandestino. Frente a ello, el gobierno mexicano no reaccionó de acuerdo a lo que la ley mandataba en ese momento, sino que, por el contrario, decretó la ruptura de la moratoria, lo que ocurrió el 6 de marzo de 2009. Con la ruptura de la moratoria se instauró un nuevo paso: de ahí en adelante, las dependencias encargadas comenzaron a otorgar permisos de siembra experimental y siembras piloto en el norte del país con la ley por delante. En paralelo, el gobierno ha venido realizando preparativos para emprender monitoreos a las comunidades en busca de semillas “no certificadas”, “semillas pirata”, lo cual es uno de los signos más alarmantes de cómo la biodiversidad en manos campesinas e indígenas está siendo criminalizada bajo la excusa de protegerla.

De aquí en adelante, el discurso cambió. El gobierno emprendió una estrategia doble: por un lado la promoción de leyes estatales que dicen defender el maíz “criollo” de la contaminación mediante el registro, la certificación y la fiscalización de las semillas, los productores y el proceso agrícola. Por el otro, la delimitación de supuestos “centros de origen” únicos en el territorio nacional, abriendo así el espacio para que en el resto del país exista una enorme extensión para promover agricultura industrial y transgénicos.

Ambas estrategias apuntan a lavar la imagen de las políticas estatales e insisten en que son para cuidar del patrimonio genético del país, la multiculturalidad de los pueblos originarios y la diversidad de los maíces, cuando en realidad preparan la erradicación de todo aquello que, en lo tocante a la agricultura, no esté sometido a los controles establecidos por las normas, reglamentos, leyes y reformas constitucionales de un Estado mexicano muy imbricado con grandes corporaciones.

Hace once años que las comunidades que siembran maíz en sistemas complejos como la milpa insisten en que para defender el maíz hay que sembrarlo; que para defender la libertad de las semillas hay que seguirlas custodiando e intercambiando; que la autonomía más primera es sembrar los propios alimentos, y que partiendo de ahí es posible emprender la defensa integral del territorio.

Las empresas buscan quebrar la producción independiente de alimentos. Para lograrlo deben quebrar la relación de la gente con sus fuentes de subsistencia, y por eso buscan quebrar la idea de la comunidad, la defensa territorial, la autonomía de los pueblos.

El acaparamiento de la tierra y el agua es el paso primordial para después cambiar el uso del suelo, inundar de monocultivos, promover programas autoritarios de intensificación de cultivos con mecanización y paquetes de agrotóxicos, lo que expulsa a la población a las ciudades o a los proyectos agroindustriales para invadir en busca de minerales y biodiversidad, predando el bosque o especulando con la compra-venta de bonos de aire en las bolsas internacionales de valores.

Ahora, buscando apoderarse de toda la cadena alimentaria (desde el acaparamiento de la tierra a los canales de comercialización de los supermercados), han decidido imponer los OGM. Lo grave es que no sólo está en juego la agricultura sino la subsistencia misma de la gente. El ataque se ensaña también en quienes, sin producir sus alimentos, son dependientes absolutos de las políticas gubernamentales y empresariales que decidieron correr el riesgo de agudizar al extremo la salud de toda la población urbana en México tan sólo por establecer su control total sobre las fuentes de producción, la producción misma y su procesamiento y distribución.

Una autorización de la siembra comercial de maíz transgénico con distribución destinada a las ciudades es el momento más álgido de este proceso y terminará con el debate posible por la vía autoritaria: una avalancha de escala masiva que necesita ser frenada totalmente.

La respuesta

La población mexicana no se está cruzando de brazos. Una resistencia visible, encarnada en cientos de organizaciones, grupos de científicos, organismos de la sociedad civil, comunidades, grupos campesinos, pueblos indígenas, abogados, organizaciones barriales, estudiantiles y un largo etcétera más y más anónimo conforme se torna más unánime por todo el país, comienza a ejercer presión, solicitar el cumplimiento de las normas preconizadas por el propio gobierno; comienza a vincularse desde múltiples rincones, a socializar información, a abrir espacios para consensar acciones de corto, mediano y larguísimo plazo (talleres, encuentros, conferencias, procesos jurídicos y de sistematización ética en los tribunales de conciencia, movilizaciones, volanteos, plantones y más) Es una resistencia menospreciada, que surge de tan abajo que ni siquiera está en los mapas oficiales pero que no permitirá una amenaza así de grave contra la vida misma.

Una resistencia, pacífica pero decidida, por la subsistencia de la población mexicana (y en el continente) en defensa del cuerpo, del suelo, el ambiente, los saberes y las semillas; por nuestras estrategias de supervivencia y alimentación; contra el genocidio, el desprecio, la imposición y la devastación del maíz, del tlayolli, del yok-ixim o kiximtik, del niza, del i-ku, y otros tantos nombres que, según la lengua original de cada pueblo, permiten comunicarle su fuerza y su cuidado de milenios. Esta resistencia pacífica se dirimirá en los barrios y las comunidades, en los estanquillos, las escuelas, los comedores familiares, las tortillerías y los molinos, en los centros culturales y en las comunidades más apartadas, pero será cierta.

Se dirime también mediante una demanda interpuesta ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesiona en México desde octubre de 2011 y que sesionará hasta el 2014. Siendo un tribunal de conciencia de reconocida trayectoria (es heredero del Tribunal Russell), el tribunal está propiciando una articulación de las diversas resistencias al interior de México, contra los inmensos agravios de todo tipo. Esa demanda, contra los transgénicos y por la seguridad y la soberanía alimentaria, agrupa ya a miles de comunidades y cientos de organizaciones y emprende una sistematización integral de la problemática de la defensa territorial, la agricultura, la producción independiente de alimentos, la defensa de las semillas nativas y la urgente seguridad alimentaria de la población que no produce alimentos.23

Más temprano que tarde esta resistencia en México se articulará con las luchas que ya se emprenden en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile y que de un modo irrenunciable buscan frenar los transgénicos, las leyes de certificación de las semillas y la imposición de modelos de cultivo que privilegian a las grandes corporaciones del sistema agroalimentario industrial mundial contra la agricultura campesina, tradicional y contemporánea que como reiteramos una y otra vez, bien puede enfriar la tierra. La soberanía alimentaria es el paso más rotundo desde los propios espacios para evadir la dependencia de las corporaciones que quieren decidir qué comemos y a qué precio. Entendiendo las relaciones entre el campo y la ciudad las organizaciones, como la Red en Defensa del Maíz en México insisten:

Defender el maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos.

Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, de organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el mundo).

La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor).

La soberanía alimentaria requiere condiciones que permitan la producción libre y autónoma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros territorios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, carreteros, de servicios ambientales, reservas de la biosfera, privatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente.

Fuente: infoagro