Monsanto ratificó su decisión de construir su planta de semillas en Malvinas Argentinas, pese a que el Gobierno provincial rechazó ayer el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa. Ante ello, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que desde hace un y medio resiste a la radicación de la multinacional, exigió al intendente Daniel Arzani que prohíba su instalación. El jefe comunal se negó a hacerlo, pero sostuvo: “Mientras el estudio de impacto ambiental le dé negativo, en Malvinas no va a funcionar. Que se busque otro lugar”.
Mediante una resolución de la Secretaría de Ambiente, la Provincia rechazó ayer el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para la puesta en funcionamiento de una procesadora de semillas de maíz sobre la ruta A88, 16 kilómetros al este de la Capital. La decisión se fundamenta en un dictamen de una Comisión Técnica Interdisciplinaria oficial que objetó la falta de precisión sobre cómo se tratarán los residuos y efluentes líquidos, y cómo se resolverán los impactos en el tránsito vehicular.
“Vamos a presentar un nuevo estudio desde cero”, dijo a este diario Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto. “No estamos en Córdoba para hacer una inversión de temporada. Estamos para quedarnos los próximos 150 años con una planta modelo a nivel mundial”, aseveró.
También hizo declaraciones el vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica, Pablo Vaquero: “A nosotros no nos molesta que nos levanten la vara, nos molesta la violencia”, dijo en referencia a los asambleístas que bloquean la planta desde septiembre pasado. “Pero si esto sirve para recomenzar todo el proceso y hacerlo de manera tal de que todos los actores estemos más tranquilos, bienvenido sea”, sostuvo.
Por su parte, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida confirmó que continuará con el bloqueo y redobló su exigencia. “La lucha no se detiene hoy. Queremos que el intendente reconozca que esta empresa no tiene lugar por donde entrar”, declaró Matías Marizza, vecino de Malvinas e integrante de la asamblea. “La Justicia ya paró la obra porque es ilegal, la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental, las universidades y el pueblo están en contra. ¿A quién más le tiene que preguntar Arzani?”, cuestionó Marizza.
Insuficiente
El secretario de Ambiente, Germán Pratto, dijo a este diario que Monsanto no aportó claridad en cuanto a los mecanismos de mitigación de los impactos de la actividad en el ambiente. “A criterio de la comisión técnica, los datos aportados por la empresa fueron insuficientes, reiterados y sin la profundidad necesaria”, señaló.
En consecuencia, explicó Pratto, la firma no puede iniciar la faz operativa. “Es decisión de la empresa si persiste en su instalación en Malvinas o no”, dijo el funcionario, al confirmar que Monsanto aún puede presentar otro estudio, que volverá a ser evaluado.
En cuanto a la construcción de la planta, permanece suspendida desde el 8 de enero pasado, cuando la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo resolvió que las autorizaciones dadas por la Provincia y la Municipalidad de Malvinas a la empresa para comenzar la obra fueron “arbitrarias e inconstitucionales”, por violar la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el artículo 41 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, el gobernador José Manuel de la Sota anunció, el pasado 1 de febrero, que la Provincia adecuará su ley de ambiente a la de normativa nacional. Hasta ayer, no había ingresado el proyecto a la Legislatura, pero lo más probable es que Monsanto en el futuro deba adecuarse a la nueva normativa que será sancionada.
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