Argentina se ha convertido en uno de los pocos lugares del mundo donde al emprendedor se lo castiga desde la política, se lo asfixia desde lo tributario y se lo condena desde los medios de comunicación social. En nuestro país, ganar plata está mal. El concepto de empresa, en su sentido más estricto, por ejemplo, se asocia más al capital internacional que al emprendedor Pyme.
Afuera de este esquema quedan, claro está, quienes se enriquecen desde los ámbitos del poder. Sin arriesgar su capital ni emprender la quimera productiva. Funcionarios eternos funcionales al poder y empresarios amigos que aglutinan en pocas manos la gestión privada.
En este escenario, el “agronegocio” no es la generación de riqueza que nutre las cadenas productivas, la vida cotidiana y futura de los pueblos del interior y las arcas del Estado para financiar políticas, sino algo distinto. En la visión atribulada de algunos, significa la avaricia despiadada de los grandes grupos multinacionales, que detrás de su afán ilimitado sacrifican la salud, la vida y el futuro de todos.
Esos pocos, que edificaron personajes detrás de sonoras consignas y redundantes clichés, suman a diario buenas voluntades, y justifican o defenestran todo detrás de la ideología.
Por ello, se hace más necesario que nunca apelar al sentido común, instar al diálogo entre las partes, fomentar la inclusión de los trabajos de la ciencia que demuestran las cosas como realmente son, y planificar las políticas en base a este camino, el que se debe construir a diario.
Justo cuando la provincia de Santa Fe analiza varios proyectos de ley para enriquecer la 11.273 sobre uso responsable de fiotosanitarios, las entidades como la U.N.L., los Ministerios de Agricultura, el SENASA, la ASSAL, el Conicet, y el INTA; además de las privadas como CASAFE, AAPRESID y AACREA, junto con las que nuclean a la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias tienen todavía mucho por aportar. De todos depende.
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