Los múltiples problemas en el campo mexicano están dando, desde hace algunos decenios, muchas señales de alerta. La naturaleza de esta problemática es tanto política como económica y social. Su dimensión política y social se advierte en el hecho de que ahí viven 26 millones de mexicanos, de los cuales más de 80% es pobre, y 16 millones más viven en pobreza extrema; en 33% de los hogares, los jefes de familia son analfabetas y los jóvenes prefieren emigrar a las ciudades o caer en la delincuencia organizada.
Económicamente, el panorama es desolador y expresa la perversidad del subdesarrollo: de las unidades de producción rural 72% es trabajada por campesinos, indígenas y pequeños productores con superficies menores a cinco hectáreas y producen para el autoconsumo; 22% lo es por pequeños productores con superficies de cuatro a 20 hectáreas, produciendo para el autoconsumo y algo para el mercado local; sólo 6% de los productores son empresarios que canalizan sus mercancías al mercado nacional e internacional.
Macroeconómicamente la inversión es insignificante, menor a 1% del PIB y la producción total agropecuaria sólo representa 3% del PIB. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que México pertenece, el promedio del PIB agropecuario es de 32% del PIB total. Si se lograra en nuestro país hacer que el sector agropecuario, por lo menos representara 10% del PIB nacional, se habrá realizado un gran avance. De lo contrario únicamente se habrán sembrado palabras.
Se puede caracterizar al sector agropecuario así: rezagado, incompetente, desequilibrado… Y lo peor es que se pone en peligro la seguridad y soberanía alimenticia del país. Enrique de la Madrid, coordinador para el Campo del equipo de transición, advertía de estos peligros en la entrevista reciente que le hizo El Economista, donde aseguró: “La FAO indica que los países no deberían de importar más de 25% de los alimentos que consumen. En México estamos importando 43% de los alimentos básicos que consumimos. O sea, hemos aumentado la dependencia alimentaria en productos tales como el maíz, al importar 30%; en arroz importamos más de 70%; en oleaginosas y en soya 95%; en carne de puerco 40 por ciento”.
En los problemas y respuestas hay de todo, visiones parciales, utopías, enredos conceptuales, una larga enumeración de buenas intenciones o la visión autocomplaciente de pragmatismo de los que dicen que saben, pero que no tienen contexto global.
El Presidente electo ha señalado dos compromisos que articularán todo el andamiaje burocrático y de políticas normativas: la seguridad alimenticia y eliminar la pobreza alimentaria. Asociado a estos objetivos, está la consideración de aumentar la producción de alimentos, que son fundamentales para la emergencia.
Paralelamente, realizar una reforma profunda de reconversión productiva de todo el sector agropecuario, sustituyendo cultivos, para obtener mayores ingresos, rendimientos y ventajas competitivas, así como un cambio en el uso del suelo, de actividades agrícolas a ganaderas y silvícolas.
También tendrán que realizarse acciones en materia de financiamiento para obtener mayores plazos y menores tasas de interés. Asimismo, medidas importantes en agua, tecnología, extensionismo renovado, para citar sólo unos ejemplos de los medios más importantes para lograr los fines buscados.
Fuente: fao.org
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