Esta semana el Consejo de Agricultura debate el modelo de Política Agraria Común, cuyo rumbo se centra en condicionar los fondos a unas prácticas más sostenibles ecológicamente.
La agricultura europea será verde o no será. Esa parecía ser la máxima de quienes habían venido defendiendo un nuevo rumbo de la Política Agraria Común en los últimos años. Condicionar los fondos a unas prácticas más sostenibles ecológicamente, sin lo cual la concesión de ayudas pierde mucho de su sentido.
Los fondos europeos deberían servir para frenar la tendencia a una desnaturalización del modelo de producción que puede tener consecuencias negativas para la biodiversidad y el medio ambiente (despilfarro y contaminación del agua con pesticidas y fertilizantes, seguridad alimentaria y problemas relacionados con la salud de los consumidores…). Sin embargo, la cosa no es tan fácil. Algunos sectores defienden que las ayudas sigan concediéndose, sin perder su imagen verde, pero rebajando el rigor real de los criterios ambientales para concederlas.
La semana pasada este asunto fue votado en el Parlamento Europeo y el resultado dejó un sabor agridulce a los que veían una ocasión histórica para que los condicionantes ecológicos pesasen más en la agricultura europea, tales como las organizaciones WWF o SEO-Birdlife, que habían presionado todo lo posible, junto a entidades de toda Europa, para que el componente ambiental no se redujese. Sin embargo, se rechazó, por ejemplo, la doble financiación, por la que podría haberse llegado a pagar dos veces por una misma práctica, anulando los potenciales beneficios ambientales de los nuevos pagos verdes directos.
También, entre otras cosas, se han establecido unos requisitos legales y prácticas agrarias obligatorias para recibir las ayudas directas, como los que tienen que ver con la Directiva sobre Usos Sostenible de Pesticidas. Aspectos más negativos, según organizaciones ecologistas, es que se ha apoyado debilitar algunas condiciones para recibir las ayudas, se ha rechazado incluir la Directiva Marco del Agua (a pesar de que la sostenibilidad en la gestión del agua es esencial para el futuro de la agricultura) y se ha despreciado el apoyo a la producción ecológica, cuando España es el país europeo que mayor superficie tiene y este tipo de agricultura es el único que cumple objetivos ambientales realmente exigentes.
Los conservacionistas critican que haya sido precisamente el Ministerio de Agricultura español, que a la vez lo es también de Medio Ambiente, uno de los que más se ha significado por intentar rebajar las exigencias ambientales de la PAC cuando precisamente cumplir con ese tipo de requisitos podría ser una ventaja competitiva para nuestra agricultura, apuntando que “España no puede competir en rendimientos con otros estados de la UE, pero cuenta con la mayor superficie agraria en espacios de Natura 2000 o identificada como de alto valor natural”.
Fuente: intereconomia
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