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Actualmente la agricultura familiar (pequeños productores) es sin duda un pilar para la seguridad alimentaria, particularmente en América Latina.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) la agricultura familiar provee a nivel país entre 27 y 67% del total de la producción de alimentos; ocupa entre 12 y 67% de la superficie destinada a la producción agropecuaria y genera entre 57 y 77% del empleo agrícola en la región de América Latina y el Caribe.

Además de su importancia económica, la agricultura familiar favorece el arraigo de ésta al medio rural, crea redes de protección social, genera empleo directo e indirecto en la medida que sus actividades se orientan a los mercados e incorporan valor a los productos antes de su comercialización; favorece la preservación de especies vegetales y animales endógenas de la región, y es un sector socioeconómico que tiene el potencial de crear polos de desarrollo económico y redes de comercialización.

Derivado de lo anterior, los países miembros de la FAO, reunidos en la XXI Conferencia Regional, calificaron como fundamental el priorizar la atención a la agricultura familiar con la finalidad de aumentar su inserción y participación en el mercado, reducir los costos de transacción y ampliar su acceso al crédito. Así, la FAO publicó en enero del 2012 el Marco Estratégico de cooperación en agricultura familiar en América Latina y el Caribe, 2012-2015.

El Marco Estratégico contará con la asistencia técnica de especialistas de las distintas oficinas de la FAO, se apoyará en la ejecución de programas de Cooperación Técnica y brindará apoyo a los países para la movilización de recursos e implementación de proyectos.

Asimismo, el marco posee un mecanismo de monitoreo y evaluación, el cual brindará información valiosa sobre los resultados obtenidos en la región.

La implementación de esta estrategia es, sin duda, una gran oportunidad para los países miembros de la FAO en América Latina y el Caribe, ya que permitirá poner en marcha instrumentos de política que propicien el desarrollo económico local en el sector rural y a su vez brindará información sobre los instrumentos de intervención más costo-efectivos en la región.

FUENTE: eleconomista.com.mx

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