Andan algunas organizaciones agrarias, concretamente la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), subidas a sus tractores para alertar de que la Política Agraria Común (PAC) se encuentra ya en su última fase y de que hay cuestiones que no acaban de entender, ni ellos ni nadie que conozca aunque sea superficialmente la actividad agraria o ganadera. Esta no es la primera PAC que se negocia, por lo que la posibilidad de coger despistado al ministro de turno y a su equipo es nula -toquemos madera-, aunque también es verdad que cada nuevo marco agrario ha sido siempre inferior al anterior, por lo que nadie apuesta a día de hoy a que el campo cordobés se va quedar como está.
El resultado final se verá en junio, tal vez en julio, que será cuando los representantes de la Comisión Europea (CE), el Consejo de la Unión Europea y la Eurocámara sellen la reforma de la PAC de 2014-2020, cuya vocación es que la actividad agraria sea más sostenible, o eso dicen. En total, está programado que se celebren en estos casi tres meses 30 trílogos (discusiones políticas restringidas) en Bruselas y Estrasburgo con vistas a tratar de llegar a un consenso. Ese es el cronograma.
Pero debates al margen, si son ciertas las apreciaciones que están poniendo sobre la mesa UPA y COAG, habrá que exigir a quienes nos representan ante la Comisión Europea que cuestionen algo más el documento. Sin entrar en demasiadas profundidades, resulta que hay 5.000 hectáreas en toda España que entrarían a formar parte del club que recibe algún tipo de ayuda europea, aunque con el matiz de que se trata de eriales, espacios forestales o cotos de caza, terreno en cualquier caso que no está en manos de los profesionales de la agricultura o la ganadería, según denuncian estas dos organizaciones agrarias, que temen que se quieran colar en el sistema grandes propietarios ajenos al campo y al desarrollo rural.
Visto así, parece poco serio y casi imposible que se pueda llegar a esa situación, pero si quienes convocan protestas de alerta y son capaces de concentrar a un nutrido puñado de agricultores y ganaderos cordobeses -como ocurrió el lunes en la A-4-, es de suponer que hay razones para, cuando menos, estar ojo avizor sobre lo que se decide en Europa, porque la experiencia nos dice que en las determinaciones de la CE no prima habitualmente ni el sentido común ni el beneficio general.
No es que un servidor coincida con estas organizaciones en que esos terrenos que quieren meter en el sistema sean improductivas, puesto que alguna actividad económica sí generan el sector cinegético y el forestal, pero no es menos cierto que, como decía el responsable andaluz de COAG, el siempre ingenioso y nítido en sus afirmaciones Miguel López, "a ver si ahora resulta que una vaca, una cabra o una oveja va a ser los mismo que un venado".
Del dirigente de COAG me quedo también con algunas cifras, como que Andalucía recibe 1.600 millones de euros en subvenciones que el sector agrario convierte luego en 11.000 millones de Producción Final Agraria y en 22.000 millones de euros de producción agroalimentaria, un dato a tener en cuenta para los demagogos e indocumentados tertulianos televisivos y radiofónicos que sostienen que el campo está subsidiado caprichosamente.
Desde la UPA, su secretario a nivel andaluz, Agustín Rodríguez, llamó la atención sobre el hecho de que tanto desde la Junta de Andalucía como desde el Gobierno central se dice que la reforma va por buen camino, algo que no se creen los agricultores y ganaderos, que además andan con la mosca detrás de la oreja por el buen rollo que parece que exhiben el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, y el consejero Luis Planas, sobre todo por el enfrentamiento que un día y otro también tienen ambos gobiernos por otras cuestiones.
No se sabe si por el pasado diplomático de Planas o por su carácter conciliador, pero el titular andaluz no ha elevado el tono en este asunto y ha dejado para su partido, el PSOE, el papel de criticar algunos aspectos de la PAC que corresponden al Ministerio. Vamos, que el consejero ha sido más riguroso con los suyos -los socialistas en el Ayuntamiento de Córdoba- en el caso de las naves de la Colecor que con el ministro Cañete a cuenta de la Política Agraria Común.
Cierto es que queda mucho camino por recorrer todavía -tres meses-, pero los agricultores y ganaderos están viendo mucha paz en torno a la PAC y poco pimpampum entre las instituciones, y eso no acaban de entenderlo. Será la falta de costumbre.
fuente diariodecordoba
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