AGR020 ESPAÑA De la PAC a la guerra del reparto

Coincidiendo con la fase final de las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola que se han iniciado en Bruselas entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, el ministro español Miguel Arias Cañete ha vuelto a sacar pecho explicando, una vez más, los resultados conseguidos hasta la fecha a nivel del Europarlamento y del Consejo en relación con las demandas más importantes planteadas por el gobierno español. En buena lógica se espera que esos logros, hoy basados en acuerdos de dos de las tres  partes, sean apoyados finalmente también por la propia Comisión, cuya propuesta ha sufrido fuertes  modificaciones desde las otras instituciones y que sería la gran perdedora.

No se puede decir que Cañete haya hecho pleno en su trabajo, hay flecos importantes que mejorar, pero se puede afirmar que, tanto desde la perspectiva de los fondos asignados hasta de otros aspectos básicos de la propuesta, se trata de una gestión con resultados positivos, mejores de los que se podían esperar en el actual contexto de crisis general.

En un análisis rápido sobre el contenido de los acuerdos logrados en los debates de los últimos meses sobre la próxima reforma, estos serían los puntos de mayor interés para el sector agrario español y que deberían ser refrendados en esta fase final de las negociaciones.

--POLITICA VERDE.-Todas las partes coinciden en que el cumplimiento de ese concepto suponga el 30% del sobre nacional, pero con la matización de que ese 30% sea aplicado a los pagos que perciba cada explotación. La Comisión proponía que ese pago afectara a todas las explotaciones con más de tres hectáreas, con la exigencia de rotar con tres cultivos y abandonar un 7% de la superficie para fines medioambientales.

Frente a ese planteamiento, el Parlamento aprobó que estuvieran exentas de esas exigencias explotaciones con menos de 10 hectáreas, que entre las 10 y las 20 hectáreas sólo se exigieran dos cultivos  y tres a partir de las 30 hectáreas. En 2015 la superficie a abandonar será solamente del 3% y del 5% desde 2016 frente al 7% propuesto inicialmente por la Comisión. Además, la mayor parte de los cultivos leñosos extensivos ya son calificados como medioambientales, sin ninguna exigencia más. Para España es importante esta mayor flexibilidad.

CUOTAS. La Comisión planteaba acabar con las cuotas de leche y azúcar en 2015, incluidos los derechos para la plantación  de viñedo. Frente a esa posición, desde el Parlamento se aprobó el mantenimiento de cuotas en vino hasta 2030 y el año 2020 para el azúcar. Por su parte, los ministros plantean cuotas en azúcar hasta 2017.En derechos de plantación en vino se mantiene el sistema hasta 2019 y hasta 2024 habría autorizaciones para incrementar la superficie  en el 1%.En leche, más que Bruselas, los países del norte son inamovibles. Nadie quiere cuotas.

SUPERFICIES. España ha logrado un sistema para poder asignar los actuales derechos de pago sólo sobre 22,4 millones de hectáreas, y no sobre los 38 millones de hectáreas posibles, lo que habría reducido casi a la mitad el importe de cada derecho.

CONVERGENCIA DE PAGOS. Frente a los planteamientos iniciales de la Comisión de ir a una tasa plana igual por hectárea, se aplicará un sistema de convergencia de ayudas lento defendido desde España por diferentes fórmulas. En base a ese sistema, se abre la posibilidad de aplicar un mecanismo por el cual los pagos por hectárea que no lleguen al 90% de la media de un país, recortarán sólo esa diferencia en unan tercera parte hasta 2019.

OTROS. Entre otros aspectos, para España es positivo que  pueda haber un  trasvase de fondos de hasta un 15% entre las ayudas directas y desarrollo rural; que los pagos acoplados puedan suponer, cuando menos, el 12% frente al 10% defendido por la Comisión y el 15% que pedía Agricultura; que pueda haber ayudas para modernizar riegos con un ahorro del 10% de agua y no del 25% que exigía Bruselas; que el sistema de modulación de ayudas sea optativo  para cada país; la obligación de que se destine el 2% de los pagos a los jóvenes y no hasta un 2% o la posibilidad de compatibilizar un programa nacional  con  otros autonómicos en desarrollo rural.

Objetivos pendientes para España en esta fase final de las negociaciones sería conseguir un mayor plazo en las cuotas de leche y remolacha y la mejora de los sistemas y mecanismos para la regulación de los mercados adecuando los precios.

En las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual, en los tiempos que corren, España logró mantener el mismo nivel de ayudas que las recibidas en el periodo anterior para los pagos directos, 35.705 millones de euros, y un ligero aumento del 3% para  desarrollo rural, 8.291 millones.No fue un mal acuerdo,aunque el mismo no contemple el impacto de la inflación prevista. A Miguel Arias le correspondería ahora el reparto del mismo y la difícil, casi imposible tarea, de dejar contentas a las comunidades autónomas, a todos los sectores y a cada una de las explotaciones, donde unos defienden los derechos históricos como ya algo suyo y otros querrían dar otra distribución  a esos más de 5.000  millones de ayudas directas que hay en juego. Será la guerra del reparto.

El ministro y todo su equipo han reiterado su deseo de que el cambio de un modelo de pagos por derechos históricos a otro por superficie que propugna la reforma, no suponga un trasvase de fondos entre territorios, sectores o explotaciones en aras de una estabilidad del sector. Que nada cambie. Sin embargo, no es esa la posición de miles de agricultores y ganaderos, o de millones de hectáreas, que hoy no perciben ayudas por desarrollar una actividad o tener unos cultivos similares a los que sí las reciben.

Toca decidir qué se hace con ese importante colectivo que hoy no percibe ayudas, siendo activos agrarios, mientras probablemente, y Agricultura lo  sabe,  hay miles de derechos históricos que seguirán percibiendo ayudas,aunque ya no tienen actividad. Revisar el sistema, quitar recursos de inactivos para incorporar a los pagos a otros activos, parece sería una razón de justicia, pero el inicio de una guerra.

Otra. Agricultura deberá decidir cómo se reparte el botín de los más de 5.000  millones de ayuda del sobre nacional que llegarán cada año de Bruselas. El Ministerio es partidario de no romper el sobre entre comunidades autónomas, pero a la vez de mantener un equilibrio y una cierta política de coordinación entre todos los territorios. El PP cuenta con la ventaja de tener mayoría en los gobiernos regionales, aunque a veces no hay peor astilla que la de la propia madera. Nadie querrá perder un euro se mire desde la perceptiva de los territorios, los sectores y las explotaciones.

Tercera. Agricultura, comunidades autónomas y organizaciones agrarias  deberán decidir cuáles son esos 22,4 millones donde asignar los derechos, si se aumenta ese número o cuáles se quedan fuera. Arias Cañete ya se ha definido al señalar que no habría derechos a las tierras de pastos sin carga ganadera real.

Finalmente, falta por conocer y debatir el secreto mejor guardado de Agricultura, la división del territorio por regiones administrativas o agronómicas, donde se deba producir esa convergencia de ayudas en los próximos cinco años. Está claro que no cobrará igual un secano que un regadío, un toxo en Galicia que una pradera, pero sí sería correcto  qeu fuera lo similar para un arrozal de Sevilla que en Tarragona.Pero, hay que definir ese modelo.

Tras los éxitos de la PAC, llega la guerra de los repartos, de los dineros, y es de esperar que se imponga la cordura.

fuente elpais