NUEVA CONCEPCIÓN DE LO RURAL

El siguiente es un aparte del documento REPENSANDO EL DESARROLLO RURAL escrito por la Dra. Edelmira Pérez C; muy apropiado a mi entender para analizar la necesidad de nuevos modelos, especialmente si nos referimos a agroindustrias novedosas que necesariamente deben estar ligadas al territorio, y un marco de referencia para del modelo RAET, pensando en una nueva ruralidad en America Latina

Como ya se ha dicho, la nueva visión de lo rural no va de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial. Hay más bien un buen número de características que muestran la multi-direccionalidad del proceso, sobre las cuales hay múltiples evidencias, en diferentes países, con distintos grados de desarrollo. Vale la pena destacar la pérdida relativa de la significación económica y social de los sectores primario y secundario, y la evidente terciarización de lo rural.

Esta evidencia es más clara en Europa por la complejidad de las actividades agrícolas y las tendencias a la concentración y la especialización. En América Latina, esa tendencia va en aumento, y sobre todo es una meta puesta por el nuevo modelo de desarrollo. Es claro entonces que lo rural ya no es equivalente a lo agrícola, y al mismo tiempo que la llamada tercera revolución agrícola implica que lo agrícola no sea exclusivamente la producción primaria. Todo esto conduce a la desagrarización de la actividad productiva, en especial desde el punto de vista de los requerimientos de la población empleada.

La agricultura comprenderá una amplia serie de usos de la tierra, que va desde producciones agrícolas de uso no alimentario hasta el mantenimiento del medio ambiente. Por otro lado se acentúa la especialización territorial en función de la existencia de ventajas competitivas, y se acrecienta la dependencia de la actividad agrícola de las empresas industriales y de distribución.

Otro factor importante es que las comunidades rurales, como se entendían antes, están siendo socavadas y debilitadas en sus solidaridades colectivas. Todo ello debido a factores de desintegración territorial y de desintegración social. Fenómenos como los desplazamientos forzosos por problemas de violencia o fenómenos naturales, en varios países latinoamericanos, son sólo una muestra de esto.

Aunque en muchas regiones persisten los conflictos por la falta de equidad en la distribución y acceso a la tierra, también es claro que el nuevo modelo va imponiendo formas diferentes de acceso, dándole un mayor papel al capital en el crecimiento agrícola y a la incorporación de la propiedad financiera o industrial en las áreas rurales y en las actividades agropecuarias. Seguramente se presentará, como de hecho ya está ocurriendo, un cambio importante en las demandas colectivas de lo rural, que van más allá de la sola tensión por la propiedad raíz. La población reclama ahora servicios básicos y mecanismos de participación, por ejemplo.

Otro elemento importante es la acentuación de los desequilibrios territoriales, y una mayor importancia política de dichos desequilibrios. Esto ocurre de distintas maneras al interior de cada país, y se acentúa en las relaciones norte–sur.

Este conjunto de hechos implica la necesidad de recomponer o elaborar una visión que permita por fin esclarecer que lo rural no es exclusivamente lo agrícola, ni lo atrasado, ni la sola expresión de la producción primaria. Acogeríamos entonces la siguiente definición: el medio rural es entendido como “...el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) y en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados...” (Ceña, 1993: 29).

Además de las actividades citadas, están también la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos naturales y el turismo. El medio rural es entonces una entidad socioeconómica en un espacio geográfico con cuatro componentes básicos:

• “...Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, receptor de residuos y soporte de actividades económicas.
• Una población que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades muy diversas de producción, consumo y relación social, formando un entramado socioeconómico complejo.
• Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a través de canales de relación.
• Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico determinado...” (Ramos y Romero, 1993: 17).

De estas dos definiciones surgen varios elementos importantes:

• El concepto de desarrollo, aunque sigue marcado por su equivalencia con la acumulación, la industrialización y el consumo, ha estado cuestionado por el reto de la equidad. El desarrollo rural, en particular, debe buscar la equidad territorial, de género y social, en el acceso a bienes, servicios y demás beneficios del desarrollo. La equidad es una meta que en los albores del siglo XXI está aún muy distante, ya que los procesos de concentración de la riqueza y de los medios de producción siguen siendo factores que prevalecen.

Por ello, en la raíz de lo que se puede considerar como desarrollo, está la comprensión de lo que es la pobreza como su antítesis. Dicho de otra manera, la persistencia de la pobreza “...es un desafío al modelo general de desarrollo y el mayor condicionante a la construcción de una sociedad rural estable...” (Echeverri y Ribero, 1998: 20).

• La medición y valoración que se haga de lo que es la pobreza exige salir de los esquemas estrechos de la producción, el empleo y el ingreso, como indicadores que se comparan con estándares provenientes de otras latitudes, otros procesos históricos y culturales, y otra posición en la correlación de fuerzas económicas y políticas en el mundo. Se hace necesario, entonces, asumir pobreza y desarrollo como conceptos relativos, puesto que “...sólo una visión de complementariedad entre la inversión social y el desarrollo productivo podrá redundar en la reducción de los niveles de pobreza y el logro de la justicia social...” (Echeverri y Ribero, 1998: 20). En la actualidad, los problemas que afectan a los habitantes urbanos, los problemas del territorio y las zonas rurales, son objeto de atención general y llevan a buscar unas nuevas funciones a los espacios rurales que se constituyan en una vía posible a su reequilibrio y desarrollo.

Destacamos las siguientes:

• Equilibrio territorial, para contrarrestar los efectos del despoblamiento, que han sido inducidos por las políticas orientadas a la concentración urbana y por fenómenos como la violencia en varios países.
• Equilibrio ecológico, en cuanto conservador de ecosistemas y a la producción de paisaje de calidad, abierto y natural.
• Producción de agua limpia y conservación de sus fuentes.
• Espacio para actividades de esparcimiento y recreo al aire libre que, cada vez más, están ampliamente demandadas por los habitantes urbanos.
• Usos agrarios no alimentarios como, por ejemplo, la producción de fibras textiles, la obtención de productos energéticos y de recursos minerales en general.
• Sumidero de contaminantes del aire, del agua y del suelo.

Las nuevas demandas sociales ponen en manos de los habitantes de las zonas rurales la posibilidad de conducir su futuro por una senda inédita pero posible.

Mientras estas funciones constituyen la oportunidad para superar la crisis y encontrar una nueva posición en la distribución de roles en la sociedad, el reto estriba en superar el rechazo de una gran parte de la población rural a abandonar o modificar sus actividades históricas.

Paralelamente, la población urbana debe entender que ha de modificar sus pautas de consumo aceptando pagar adecuadamente ciertos servicios que le presta el mundo rural, y que hasta ahora se habían considerado “bienes libres”.

Para plantear el nuevo modelo de relaciones entre el mundo rural y el mundo urbano, es necesario redefinir los papeles de cada uno de estos ámbitos llegando a formular un nuevo “contrato social” entre ellos, según plantea el grupo de Seillac. Mediante este contrato, la sociedad moderna debe reconocer y asumir la necesaria interdependencia de las áreas rurales y urbanas; definir explícitamente el decisivo papel del mundo rural y dotarlo de instrumentos adecuados de desarrollo (Ramos y Romero, 1993: 21).